Resoluciones del INAI para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa

 

El acceso a la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos. Estas son 6 resoluciones en las que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó entregar información para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero:

 1. La averiguación previa del caso Ayotzinapa. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) había reservado la información por un periodo de 12 años.

 Al considerar que se trataba de un caso de violaciones graves a los derechos humanos, el Pleno del Instituto, en febrero de 2015, determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación previa. En febrero de 2022, el Pleno emitió una nueva resolución en la que ordenó entregar una versión pública de la averiguación previa actualizada.

 2. Declaraciones de personal militar. La información fue reservada por la PGR con el argumento de que formaba parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno del INAI determinó que, por ser un asunto de violaciones graves a los derechos humanos, el acceso a la información garantiza el derecho a la verdad y ordenó entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.

 3. Informes de la Policía Federal. La entonces Policía Federal reservó los documentos de su actuación en el caso Ayotzinapa, argumentando que la información formaba parte de una averiguación previa y que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. El INAI consideró que la sociedad debía conocer su participación en el caso y ordenó entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero, tarjetas informativas, parte de novedades, dictámenes técnicos e información sobre las personas puestas a disposición ante el Ministerio Público. 

4. Órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar información sobre las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México, como esa autoridad dio a conocer a través de un comunicado de prensa. El INAI le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y entregar una versión pública de esas órdenes de aprehensión, precisando contra quiénes se giraron, qué delito se les imputó y el número de identificación. 

5. Participación de buzos de la Secretaría de Marina. Como parte de las actuaciones para la investigación del caso, buzos de la Secretaría de Marina realizaron una búsqueda de los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, en Guerrero. Una persona solicitó conocer toda la información generada a partir de esa búsqueda: fechas, número de elementos que participaron, reportes y tarjetas informativas. La Secretaría de Marina respondió que la información era inexistente. El INAI advirtió que el personal de esa Secretaría tiene la obligación normativa de informar a sus superiores respecto de las actividades o eventos realizados y ordenó buscar y entregar los documentos

 6. Informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no contaba con el expediente entregado por la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según lo informado en la conferencia de prensa matutina del 24 de mayo de 2021. El INAI ordenó hacer una nueva búsqueda de la información y entregar la versión pública del documento.

Tips al momento

Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial

La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.

Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.

De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.

También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.

Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.

 

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