En cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada
La Guardia Nacional registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde su creación, en 2019, hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución. Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden.
Entre las quejas contra los uniformados hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.
La primera queja resuelta se registró en julio de 2019, al poco tiempo de la constitución de la Guardia Nacional, cuando la CNDH emitió medidas cautelares a miembros de esta corporación y de la Policía Federal por haber hostigado, amenazado y presionado al personal de dos albergues migrantes para realizar revisiones del estatus migratorio de quienes estaban alojados ahí.
Se han registrado muertes a manos de elementos de la Guardia Nacional
En 2021, la Comisión registró una denuncia por parte de la organización civil Pueblos Unidos Migrantes en la que señalaron a elementos de la Guardia Nacional de haber agredido con armas de fuego a un grupo de personas migrantes en Chiapas, lo que resultó en la muerte de un cubano y 4 otras personas lesionadas.
Ese mismo año, la CNDH advirtió un “uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional de manera ilegítima y desproporcionada en contra de un vehículo que transportaba a personas migrantes en Jalapa, Tabasco”, lo cual derivó en la muerte de una persona.
En 2022, en el estado de Jalisco, se emitió una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en contra de la Guardia Nacional, al haberse identificado que tres elementos de esta corporación provocaron la muerte de una mujer menor de edad y embarazada que viajaba con su pareja en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara.
ONU advierte por reportes de violencia en aprehensiones y detenciones arbitrarias
Tan sólo en 2022, la Guardia Nacional acumuló un total de 568 quejas; una cifra más baja en comparación de la Policía Federal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien llegó a acumular entre 2007 y 2014 un total de 4,384 quejas, siendo la cifra anual más alta 794 en el 2012.
El Grupo de Trabajo de la ONU en esta materia publicó este año, en su informe final sobre detención arbitraria en México, que: “Si bien los miembros de la Guardia Nacional están capacitados en derechos humanos y en la recolección de pruebas, el Grupo de Trabajo observa que hay reportes constantes de violencia al realizar arrestos y detenciones arbitrarias por parte del personal militar”.
Con respecto a las cifras, la CNDH aseguró en su reporte “Análisis y precisiones al ‘Informe Preliminar del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria en México’”, publicado un año antes con motivo de la versión preliminar de dicho informe, que hubo una disminución en quejas que señalaban a la Guardia Nacional, a Sedena y la Marina –incluyendo las que registraban privación de vida y desaparición forzada– con respecto a los sexenios de Calderón y Enrique Peña Nieto.
CNDH pasa de cuestionar a Guardia Nacional a avalar su incorporación a la Sedena
En 2019 fue creada la Guardia Nacional, con un carácter y mando civil, bajo la premisa que mientras esta corporación desarrollaba su estructura y capacidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador podría disponer de las Fuerzas Armadas de manera permanente para la atención de tareas de seguridad pública, al menos hasta 2024.
En tanto, la Guardia Nacional mantendría un mando civil, aunque se incorporaron elementos de la Policía Federal –también civil– y castrenses.
Incluso antes de que se creara la Guardia Nacional, la CNDH del entonces presidente Luis Raúl González Pérez había externado su preocupación de que, en el planteamiento que se votaría en 2019, “la Guardia Nacional no garantiza justicia y marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles”.
“La propuesta para la Guardia Nacional no es pertinente ni viable, ya que tampoco garantiza ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita la institucionalidad civil y democrática, y contraviene sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país está obligado a cumplir”, expresó el órgano en febrero de 2019.
Las únicas acciones de inconstitucionalidad promovidas por la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Unión (SCJN) fueron en julio de 2019, antes de que Rosario Piedra Ibarra rindiera protesta como presidenta del organismo en noviembre del mismo año.
En ese momento, el organismo autónomo a cargo de González Pérez cuestionó varias disposiciones legales, entre ellas los requisitos de ingreso a la Guardia Nacional que podían resultar discriminatorios, las operaciones encubiertas para la prevención del delito, entre otras.
Sin embargo, la militarización de la corporación al aceptar a miembros castrenses en la Guardia no fue uno de ellos, un hecho criticado por la asociación México Unido Contra la Delincuencia.
Tres años después, en el marco de la discusión para integrar a la Guardia Nacional a la Sedena –reforma que después sería revocada por la Suprema Corte–, la Comisión de Piedra Ibarra se posicionó a favor de que las Fuerzas Armadas tomaran el mando.
44.6% de mexicanos consideraban recurrentes las prácticas de corrupción en la Guardia Nacional
Incluso con este mando civil, el 44.6% de los mexicanos de 18 años o más consideraba que ocurrían prácticas de corrupción de manera muy frecuente y frecuente en la Guardia Nacional, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2021.
Dos años después, contrario a los resultados anteriores, Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) del mismo instituto identificó que la Guardia Nacional era la segunda institución con mayor nivel de confianza de la población mexicana mayor de edad, sólo por detrás de las organizaciones internacionales.
El porcentaje de confianza “alta o moderadamente alta” fue de 58.1%, mientras que la confianza “baja o nula” fue del 25.6%.
Con información de Animal Político.
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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial
La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.
Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.
De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.
También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.
Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.
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