La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que otorga al Ejército el control de la Guardia Nacional y amplía las funciones militares en tiempos de paz.
Esta reforma, que busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional (un cuerpo de seguridad creado en 2019 con más de 120 mil elementos y concebido originalmente como civil) recibió 362 votos a favor, 133 en contra y no hubo abstenciones.
El dictamen ahora pasará a ser discutido en detalle en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado. La reforma ha sido objeto de críticas por parte de la oposición y varios organismos que advierten sobre una posible militarización en diversas áreas del país.
Entre los cambios más relevantes, se modifica el artículo 129 de la Constitución, que restringe las funciones militares en tiempos de paz, una normativa que no se había alterado desde 1857. También se modifica el artículo 21, eliminando la "garantía orgánica" que asegura que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.
La reforma establece que la investigación de delitos recaerá en el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional, cuyo personal tendrá un origen militar con formación policial y estará adscrito a la Sedena, ejecutando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
La sesión comenzó con intentos de la diputada del Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, y otros opositores como Saúl Téllez (PAN) y Víctor Palma (PRI) para suspender la discusión. Ballesteros expresó que "México quiere paz y justicia", pero no "militarismo". En respuesta, la diputada de Morena, María del Rosario, afirmó que aunque la formación de los elementos de la Guardia Nacional será militar, su actuación será policial, garantizando lealtad a las autoridades civiles.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, defendió que la reforma también permite al Congreso establecer leyes que regulen la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.
Las funciones de las Fuerzas Armadas han crecido significativamente durante la administración de López Obrador, quien ha asignado a los militares responsabilidades en seguridad pública, construcción de infraestructura, administración de aduanas y dirección de empresas estatales.
En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional una reforma previa del presidente para militarizar la Guardia Nacional, argumentando que las funciones de seguridad pública son competencia exclusiva de autoridades civiles. Sin embargo, desde el 1 de septiembre, la coalición de partidos de López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, controla más de dos tercios del Congreso, lo que les da la mayoría necesaria para modificar la Constitución.
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