Sheinbaum anuncia fusión de Segalmex y Diconsa para crear “Alimentación para el Bienestar”

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció la fusión de Diconsa y Segalmex para la creación de una nueva área llamada “Alimentación para el Bienestar”, la cual buscará vincular a los pequeños productores con la comercialización de productos.

En conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que Seguridad Alimentaria Mexicana “tuvo sus problemas”, en relación a las denuncias por corrupción que dejaron una afectación patrimonial de 2 mil 700 millones de pesos, por lo que su función con Diconsa es para mejorar la gestión del organismo.

“Vamos a fusionar Segalmex con Diconsa para hacer una sola unidad, Segalmex tuvo sus problemas que ya conocen y otros se derivan de que son tres unidades, lo vamos a concentrar en una sola que en donde también esten todas las tiendas Diconsa que serán ahora ‘Tiendas del Bienestar’“, dijo.

La presidenta electa informó que la nueva área operativa “Alimentación para el Bienestar” estará a cargo de María Luisa Albores, actual titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  (Semarnat) y deberá operar precios de garantía, además de vincular a los pequeños productores con las nuevas tiendas.

“María Luisa Albores tiene mucha experiencia en el campo, ella viene de una cooperativa, de trabajar en una organización, conoce muchísimo y ya está en coordinación con Julio Verdegué, estamos trabajando en ello, va a ser algo muy bueno, se va a fortalecer la relacion entre la comercialización y los productores  y se va a vincular con la producción de Sembrando Vida”, dijo.

Agregó que el actual titular de Segalmex, Leonardo Cota, será subsecretario en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); mientras que Columba López, quien estuvo en la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural en CDMX, será cordinadora de programas territoriales en Sader.

Corrupción en Segalmex: gobierno reconoce daño patrimonial 

 

El gobierno federal reconoció el pasado 5 de septiembre una afectación patrimonial de 2 mil 700 millones de pesos por el caso del fraude en Segalmex, el 28 % de los 9 mil 500 millones de pesos iniciales que reportaron las instancias fiscalizadoras desde 2019.

Durante una conferencia matutina, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, dio a conocer que la presunta afectación al erario asciende a 2 mil 700 millones de pesos, debido a que 4 mil 700 millones (cerca del 50 % del total) fueron aclarados y recuperados, mientras que 2 mil 100 millones (22 %) más están en análisis en las instancias fiscalizadoras.

El funcionario señaló que en caso de no aclararse este último monto se presentarán las denuncias correspondientes.

Asimismo, informó que se lograron recuperar 955 millones de pesos de recursos públicos que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles.

La titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que por estos actos de corrupción en Segalmex se presentaron 156 denuncias penales,  del total, se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión; sin embargo, solo en 26 casos se vinculó a proceso penal; 9 de ellas son exservidores públicos y 17 particulares.

Los delitos investigados en este caso incluyen delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones, peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros.

El exfuncionario de Segalmex con el mayor cargo que ha sido vinculado a proceso es René Gavira Segrestre, exdirector de Administración y Finanzas, y quien le reportaba directamente a Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex que no tiene abierta ninguna investigación.

Sobre el descalco millonario, el presidente López Obrador aseguró que el caso de Segalmex fue “el único acto de corrupción” que se presentó durante su administración.

Los esquemas de desvío en Segalmex

Las anomalías en Segalmex iniciaron desde el primer año de gobierno de López Obrador, es decir, desde el inicio de funciones del nuevo organismo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había alertado anomalías en el gasto administrativo desde 2019. Los casos de corrupción detectados involucran contrataciones irregulares, pagos sin justificación, mercancías faltantes y hechos como un fallido proyecto para llevar agua purificada a las zonas más pobres del país.

Una de las investigaciones más avanzadas se refiere a la colocación de bonos bursátiles por 950 millones de pesos de recursos públicos, autorizada por René Gavira. Este esquema consistió en utilizar dinero público para colocar bonos bursátiles y mientras estos aumentaban su valor, las ganancias eran transferidas a Gavira, mientras que las pérdidas eran absorbidas por las empresas paraestatales.

Luego se detectó otro esquema de desvío, que consistió en la existencia de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar.

Con información de Animal Político.

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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP

Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.

Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.

José Medina Mora,  al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.

Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.

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