Elección popular de jueces: Bolivia fue el primer país hace 13 años y ahora México la implementará
EFE.- Hace trece años Bolivia se convirtió en el primer país del mundo en el que los jueces son elegidos en votación popular. En estos momentos, México implementará una reforma en el mismo sentido.
Ambos sistemas comparten la idea de democratizar la elección de jueces, pero Bolivia ya ha implementado el modelo con resultados cuestionables, mientras que en México está por implementarse, con preocupación en algunos sectores sobre la independencia judicial y los riesgos de politización.
Contexto político y legal
Bolivia: En 2011 se convirtió en el primer país del mundo en elegir jueces y magistrados mediante voto popular, como parte de un proceso impulsado por el gobierno de Evo Morales para democratizar el sistema judicial y reducir la influencia de las élites.
Los magistrados de tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, son elegidos directamente por el voto ciudadano.
En México, la reforma busca que los jueces federales, magistrados e integrantes del Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por votación popular, lo que sería un cambio radical en un sistema en el que tradicionalmente jueces y magistrados son designados por el Consejo de la Judicatura, y el presidente nomina a los integrantes de los máximos tribunales ante el Senado.
La reforma es impulsada por sectores que buscan reducir la influencia política y presidencial sobre el poder judicial.
Proceso de elección
Los candidatos a jueces y magistrados son seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional en Bolivia, que propone listas de candidatos basadas en criterios de mérito y experiencia. Estas listas son luego sometidas a votación popular.
La elección es universal y no se requiere formación jurídica para participar como votante, aunque la campaña política está estrictamente limitada, lo que restringe la publicidad y la proyección mediática de los candidatos.
La reforma en México elimina la llamada carrera judicial y establece que los candidatos propuestos por los tres poderes sean elegidos directamente por el voto popular. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad, en 2027.
Transparencia y legitimidad
El sistema boliviano ha sido criticado por la falta de independencia, ya que la preselección de los candidatos está en manos de la Asamblea Legislativa, controlada generalmente por el partido mayoritario, lo que introduce un sesgo político.
La baja participación en las elecciones judiciales (con un alto porcentaje de votos nulos y blancos) ha generado dudas sobre la legitimidad del proceso.
La reforma en México plantea dudas similares sobre la independencia judicial, ya que si los candidatos son seleccionados previamente por instancias políticas, podría comprometer la imparcialidad del proceso.
Además, la reforma ha generado debate sobre si los jueces electos por voto popular serán menos técnicos y más susceptibles a presiones políticas y populistas.
Objetivos y argumentos
El objetivo declarado en Bolivia es democratizar el sistema judicial y permitir que los ciudadanos tengan una voz directa en la elección de los magistrados, combatiendo así la corrupción y los intereses de las élites.
Sin embargo, los críticos argumentan que el proceso no ha mejorado significativamente la administración de justicia ni ha reducido la influencia política en los tribunales.
Los defensores de la reforma en México argumentan que la elección popular de jueces fortalecería la independencia judicial, al reducir la intervención del Ejecutivo y el Legislativo en los nombramientos, y combatiría el nepotismo que consideran que se ha instalado en su seno.
Los opositores temen que la reforma politice aún más la justicia y que los jueces, al ser electos, puedan inclinarse hacia posiciones populistas en lugar de interpretar la ley de manera imparcial, y algunos sectores incluso advierten del riesgo de penetración del crimen organizado.
Impacto en el sistema judicial
La implementación del voto popular en Bolivia ha resultado en un sistema judicial que sigue enfrentando críticas por su ineficiencia y falta de independencia.
La elección de jueces mediante el voto popular no ha resuelto los problemas crónicos de corrupción ni la percepción pública negativa hacia el sistema de justicia en Bolivia.
El impacto en México aún es incierto, pero los críticos advierten de que la elección directa de los jueces podría llevar a una mayor politización del sistema judicial, e incluso podría afectar a la certidumbre jurídica, necesaria para garantizar las inversiones extranjeras.
La reforma podría cambiar la naturaleza de la justicia en México, influyendo en cómo los magistrados interpretan la Constitución y las leyes, dependiendo de las dinámicas electorales. Además, el Tribunal de Disciplina Judicial podría actuar contra los jueces cuyos fallos no fueran del agrado del Ejecutivo.
Participación ciudadana
La participación en las elecciones judiciales ha sido históricamente baja. A pesar de que en Bolivia el voto es obligatorio, muchos ciudadanos optan por anular su voto o emitirlo en blanco, lo cual evidencia una desconfianza general hacia el sistema
Se espera que la participación ciudadana sea un tema central en México. Los críticos señalan que la complejidad de los temas judiciales, con más de mil 600 vacantes y al menos seis candidatos por cada una de ellas, pueda dificultar una elección informada por parte de la ciudadanía.
Con información de Latinus
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Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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