CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un juicio de amparo promovido en 2014 por los entonces senadores Manuel Bartlett, Adán Augusto López, David Monreal y Layda Sansores contra la constitucionalidad de la reforma energética avalada por el Congreso en 2013 es hoy, paradójicamente, un referente para impugnar la reforma judicial aprobada en la actual Legislatura.
En su demanda contra la reforma constitucional en materia energética, los legisladores, entre los cuales además estaba la entonces diputada del Distrito Federal y la hoy designada consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, comenzaron por pedir a un juzgado federal, y luego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hacer valer la inconstitucionalidad del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo.
Según esa norma, los juicios de amparo contra reformas constitucionales del Legislativo son improcedentes.
Los demandantes, todos ellos cercanos aliados y colaboradores del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentaron, sin embargo, que el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, impide a los mexicanos contar con un recurso constitucional para oponerse a las reformas a la Constitución que trastocan las decisiones políticas fundamentales.
También, para controvertir reformas constitucionales “que vulneran contenidos materiales o sustantivos del núcleo duro de la carta magna”, Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho de la UNAM y de la Universidad Complutense, recuerda en su libro Crítica a la reforma constitucional energética de 2013 que la demanda planteó que si los ciudadanos no cuentan con un medio de impugnación en contra de las reformas constitucionales “se viola el derecho fundamental al acceso a la justicia”.
Además, “habría normas sin posibilidad de control de constitucionalidad, lo que negaría que en México se cuenta con un Estado de derecho y una democracia, porque en estos Estados que se precian de ser de derecho, todos los actos relativos al poder son susceptibles de controles y de límites”.
Bartlett, Adán Augusto López, los hoy gobernadores morenistas David Monreal y Layda Sansores, y Godoy, consejera jurídica de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalaron que en el proceso de aprobación de la reforma enérgica, el Congreso mexicano había incurrido en cuatro violaciones de procedimiento y 11 de fondo.
Cárdenas Gracia, que en esa época era asesor jurídico de Bartlett, entonces senador del Partido del Trabajo (PT), menciona en su libro varias “violaciones procedimentales” del Congreso al aprobar la reforma energética, entre ellas, el apresurado trámite legislativo y su falta de competencia “para menoscabar y para trastocar decisiones políticas fundamentales” y la rapidez del procedimiento legislativo.
“La reforma —escribió el abogado— no atendió al procedimiento parlamentario, fue una reforma aprobada con gran celeridad, que pasó por alto muchos procedimientos legislativos establecidos en las leyes de los estados, en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y en los reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores”.
Entre las “violaciones de fondo”, Cárdenas Gracia mencionó que vulneraba el principio constitucional “de que la nación es la que debe explotar los hidrocarburos, porque se permite a extranjeros hacerlo, y porque ellos se quedarán con parte de la renta petrolera, que es de la nación” y esto infringe la soberanía nacional, pues el Estado perderá el control sobre su territorio y sus recursos naturales”.
Las vueltas de la vida
De acuerdo con los argumentos jurídicos planteados por los ahora encumbrados lopezobradoristas, una reforma constitucional como la energética, que dio en 2013 a los inversionistas privados nacionales y extranjeros la posibilidad de participar en los sectores petrolero y eléctrico, no puede transgredir otros preceptos contenidos en la Constitución.
Esta argumentación es la que comienzan a perfilar juristas y dirigentes políticos que acudirán a los tribunales federales, incluso la SCJN, para revertir la reforma judicial aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado y los congresos locales.
Su planteamiento será, según han adelantado abogados constitucionalistas que trabajan en los recursos de impugnación, que la reforma judicial transgrede artículos de la Constitución, como el 49, que garantiza la separación de poderes y señala que “no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación”.
Cárdenas Gracia señaló en su libro que antes de que la SCJN pudiera pronunciarse sobre las violaciones de procedimiento y de fondo que se plantearon en el juicio de amparo sobre la reforma energética debía determinar si el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, es inconstitucional, o si debe entenderse que el juicio de amparo “es improcedente sólo respecto a la materia de las reformas, pero no respecto al procedimiento empleado en su aprobación”.
A juicio del jurista y exdiputado del PT, esa disposición “es inconstitucional porque el Constituyente Permanente es un poder derivado y no originario”.
Y “en este sentido, como poder derivado de la Constitución, está totalmente sujeto a la Constitución y no puede trastocar los principios básicos contemplados en ella. El procedimiento de reforma de la Constitución previsto en el artículo 135 de la carta magna no faculta al llamado Constituyente Permanente a realizar cualquier cambio constitucional”.
Además, y así quedó asentado en la demanda de amparo, “las modificaciones o adiciones a la carta magna deben respetar siempre el núcleo básico de la Constitución, sin que se alteren o menoscaben sus principios para destruirlos. Aparte de que los cambios constitucionales deben observar el procedimiento de reforma que prevé el artículo 135 de la carta magna”.
Una reforma vergonzosa
Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala en su libro sobre la reforma energética que la SCJN ha rechazado en distintas ocasiones la posibilidad de controlar materialmente las reformas constitucionales.
Recordó que en los amparos 2996/96 y 1334/98, promovidos por el entonces flamante expriista Manuel Camacho Solís en contra de la reforma constitucional electoral de 1996, la SCJN estimó por mayoría de votos que una reforma a la Constitución en razón de sus contenidos —decisiones políticas fundamentales— es inimpugnable.
“Sin embargo, estimó que sí era posible dirigir una demanda de garantías en contra del procedimiento reformatorio”, señaló el doctor en Derecho.
La reforma energética fue aprobada en 2013 por una mayoría calificada de diputados y senadores del PRI, el PAN y la facción del PRD conocida como “los chuchos”.
Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo entonces que el Congreso había incurrido en una serie de “barbaridades” al aprobar esa reforma y que la SCJN debía considerarla “nula de pleno derecho” porque la aprobación, además, “fue un escándalo y una vergüenza”.
En ese entonces Morena no había nacido como partido y Adán Augusto López, David Monreal, Layda Sansores y Ernestina Godoy pertenecían al PRD.
Cárdenas Gracia dice a Proceso que esa demanda de amparo puede ser un referente para impugnar la reforma judicial, aunque recuerda que, al final, el litigio de 2014 no prosperó ni se resolvió a favor de los demandantes.
Esto, principalmente, por el escollo que representa el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, que declara improcedentes los juicios de amparo contra reformas constitucionales.
La SCJN descartó revisar ese artículo.
El 29 de septiembre de 2014, el Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa en el Distrito Federal declaró improcedente y desechó de plano el amparo promovido por los senadores lopezobradoristas con el argumento de que carecía “de interés legítimo”.
La entonces presidenta de la SCJN y hoy legisladora de Morena, Olga Sánchez Cordero, también desechó el recurso de Bartlett, Monreal y compañía, “por notoriamente improcedente”.
Bartlett reclamó ante la Segunda Sala de la CSJN la decisión de Sánchez Cordero, pero esa instancia le dio la razón a la ministra presidenta del más alto tribunal del país.
Con información de proceso.com.mx
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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