Desclasifican casi 400,000 documentos de la 'guerra sucia' en México
El Centro Nacional de Inteligencia de México consignó al Archivo General de la Nación (AGN) 300.986 documentos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad "relacionados con la guerra sucia; esto es, toda aquella información referente a posibles violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción" en el período 1965-1990, refiere La Jornada, que cita al AGN.
El acervo contiene, entre otras informaciones, expedientes, fotografías, negativos y microfichas de dirigentes opositores, exiliados, asilados, partidos políticos, agrupaciones indígenas, actividades productivas, instituciones religiosas, política exterior y política exterior.
De momento, solo estarán disponibles para consulta de las autoridades, pero una vez concluya el proceso de catalogación y se verifique su estado de preservación, podrán ser revisados por el público en general.
Se trata de la segunda ocasión en la historia en la que la entidad de inteligencia del Gobierno divulga archivos vinculados con el período conocido como 'guerra sucia'. En 2001, durante el mandato de Vicente Fox, se desclasificaron archivos entre 1947 y 1985.
A la postre, la documentación sirvió para avanzar un proceso penal por genocidio contra el expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1973), concretamente por la masacre de Tlatelolco y por la matanza del 2 de junio de 1971. Aunque el exmandatario permaneció tres años en prisión domiciliaria, fue exonerado de todos los cargos.
La divulgación de este material da cumplimiento a lo instruido en 2019 por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que instruyó al AGN a "recibir, organizar, custodiar, conservar y dar consulta irrestricta de los documentos históricos que le sean transferidos por estar relacionados con la guerra sucia".
En la misma línea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en abril de 2023 una recomendación sobre casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano entre los años 1965 y 1990, en una lista que incluye violaciones contra la seguridad jurídica, la integridad personal y el trato digno, así como torturas, desapariciones forzadas, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
Con información de actualidad.rt.com
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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