Cámara de Diputados ya está blindada por un cerco policial, a dos semanas de que Sheinbaum rinda protesta
Desde el 12 de septiembre, la Cámara de Diputados solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para garantizar que el próximo 1 de octubre se lleve a cabo la sesión en la que Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidenta de México.
Por ello, un día después de que los trabajadores del Poder Judicial levantaron el bloqueo a los accesos del recinto legislativo de San Lázaro, comenzaron a arribar decenas de uniformados con vallas y camiones.
Ese día, mientras se llevaba a cabo la sesión en el pleno del cómputo y declaratoria constitucional de la reforma judicial, los elementos de seguridad cerraron Eduardo Molina, Sidar y Rovirosa, y el puente de la calle General Anaya, que atraviesa avenida Congreso de la Unión, todas ella calles aledañas a una de las sedes del edificio del Poder Judicial.
En las primeras horas de este lunes 16 de septiembre, las autoridades capitalinas solamente dejaron libre Emiliano Zapata, calle donde está el acceso principal de la Cámara de Diputados, además de Congreso de la Unión y un tramo de Eduardo Molina.
Uno de los uniformados responsables del operativo confirmó a Latinus que desde el viernes 12 de septiembre se les ordenó trasladarse al recinto legislativo de San Lázaro “para resguardar los accesos provenientes de Congreso de la Unión y Eduardo Molina por la calle de Sidar y Rovirosa”.
"Estamos comisionados hasta el 2 de octubre, por lo que podríamos levantar el dispositivo hasta el día siguiente, porque ese día también hay marcha por la matanza del 2 de octubre”, confió con la exigencia de no revelar su nombre.
El presidente de la cámara hizo la petición
La petición para el cierre de vialidades la hizo Sergio Gutiérrez Luna, presidente en funciones de la Cámara de Diputados, luego del voto mayoritario de Morena y aliados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, gestionó a su vez la exigencia de los diputados de la llamada 4T a Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados.
Gutiérrez Luna es el responsable de “ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios”, de acuerdo al artículo 23 del reglamento del recinto legislativo de San Lázaro.
En la madrugada del 3 de septiembre, los trabajadores del Poder Judicial bloquearon todos los accesos de la Cámara de Diputados, día en el que se iba a discutir y aprobar la reforma judicial.
Monreal Ávila había citado a los 364 diputados de Morena, PVEM y aliados entre las 6:00 y 7:00 de la mañana, instrucción que se ventiló a Latinus por diputados de su bancada, por lo que los manifestantes llegaron dos horas antes e impidieron el ingreso y salida de cualquier persona.
Con información de Latinus
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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