Organización contabiliza al menos 13 políticos asesinados durante agosto
EFE.- La organización civil Data Cívica documentó 13 asesinatos políticos tan sólo en agosto en México, incluyendo a dos funcionarios locales recién electos el pasado 2 de junio, según divulgó en un informe.
Los 13 homicidios relacionados con la violencia política en agosto incluyen a un regidor electo, un síndico, un candidato a alcalde para una elección extraordinaria, excandidatos y militantes de partidos políticos, según detalló el informe "Votar entre balas".
Entre los asesinatos destacan el de Israel Cruz Carrizosa, regidor electo el pasado 2 de junio y que era integrante del opositor Movimiento Ciudadano (MC) en Tultepec, Estado de México, y el de Robero Maldona Siller, síndico electo del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
También el homicidio de Javier David Jiménez, candidato a alcalde por el partido MC, en Xoxocotla, Morelos, asesinado a finales del mes pasado, y que buscaba el puesto en las elecciones extraordinarias del próximo 6 de octubre en ese estado.
La asociación también registró el crimen de Armando Solís, un empresario y militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), afín al oficialismo, en Álamo Temapache, Veracruz, secuestrado y posteriormente asesinado.
La organización precisó que Veracruz, en el oriente de México, fue la entidad que tuvo más casos de violencia política extrema por parte de grupos de la delincuencia organizada.
Recordó que dicha entidad tendrá elecciones locales en 2025, con las que se renovarán presidencias municipales y cargos en los 212 ayuntamientos del estado, y que su proceso electoral empieza este año.
“Seguramente por ello vemos que empiezan a aumentar los casos de violencia política extrema en esta entidad”, acotó.
La organización también informó que en el último mes se registraron 28 eventos asociados con la violencia político-criminal, incluidos asesinatos, atentados, secuestros y ataques armados.
En lo que va del año, la agrupación ha documentado 488 eventos violentos en contextos político-electorales en el país.
Desde enero de 2018 hasta julio de 2024, la organización ha documentado 2 mil 92 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
Organizaciones civiles coinciden en que México tuvo las elecciones más violentas de su historia el 2 de junio, en las que ganó la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum, mientras que su alianza de partidos alcanzó en el Congreso la mayoría calificada, de dos tercios, para modificar la Constitución.
Pese a los datos de organismos independientes, el gobierno mexicano reconoció el 25 de junio el asesinato de solo 12 candidatos a los comicios, por lo que negó que hayan sido las elecciones "más violentas" de la historia.
Además, el pasado 5 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su mandato no ha habido asesinatos de periodistas ni de políticos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”.
Con información de Latinus
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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