Congreso de la Unión debe suspender el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial por amparos: Congreso
La 68 Legislatura de Chihuahua convocó al Congreso de la Unión a que suspenda el proceso legislativo de la Reforma al Poder Judicial, hasta en tanto no se resuelvan los amparos que protegen el derecho humano de los particulares de acceso a la justicia y, solicitó al Ejecutivo Federal, se abstenga de promulgar dicha reforma constitucional.
Lo anterior, al aprobar por mayoría de votos de los legisladores locales, la proposición presentada por la diputada Carla Rivas Martínez, quien en tribuna dijo que, hoy más que nunca, debemos convertir este Congreso en la cuna de los ideales que nuestros antepasados defendieron con tanto valor. Que Chihuahua sea el baluarte de la defensa de nuestra democracia y del Estado de Derecho en México.
Asimismo, señaló que el Poder Judicial ha sido históricamente el garante de la Constitución y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Su independencia no es un capricho, sino una necesidad básica en cualquier sistema democrático.
Por otro lado, indicó que la reforma al Poder Judicial, pone en peligro la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y nuestras relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial.
El impacto negativo en el comercio bilateral y las inversiones podría ser significativo, afectando una relación económica vital que incluye 62 mil millones de dólares en remesas y un comercio diario de 2,191 millones de dólares. Además, la reforma podría violar tratados internacionales en materia de derechos humanos, dañando la reputación de México en la comunidad internacional y aumentando el riesgo país, el cual actualmente ya no es bueno.
Sumando a lo anterior, desde el punto de vista jurídico, la reforma debilita la protección legal imparcial de la población, permitiendo que intereses políticos influyan en las decisiones judiciales y fomentando el populismo judicial. Afectando no solo la equidad y la integridad del sistema judicial, sino que también facilita el control político sobre los juzgados.
Finalmente, la legisladora declaró que es imperativo recordar que la división de poderes es esencial para la democracia. Si permitimos que el Poder Judicial sea tomado por intereses políticos, corremos el riesgo de perder la garantía de un Estado de Derecho que proteja a todos los mexicanos por igual, sin importar su ideología o afiliación política.
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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