La reforma judicial podría deteriorar la fortaleza económica y fiscal de México, advierte Moody’s

EFE.- Tras la aprobación de la reforma judicial, por la que se elegirán a los juzgadores mediante voto popular, la agencia Moody’s advirtió que esas modificaciones constitucionales deteriorarán los controles y equilibrios, y podría socavar la fortaleza económica y fiscal del país.

En un análisis distribuido a medios, la agencia recordó que este 11 de septiembre, la Cámara de Senadores de México aprobó formalmente la reforma constitucional "transformadora y controvertida que deteriorará la independencia del Poder Judicial del país".

Recordó que la nueva ley "podría politizar los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), además de comprometer la independencia del sistema".

"Las implicaciones crediticias de los cambios podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana de México, más moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, así como para las compañías eléctricas y de infraestructura, y relativamente bajas para los bancos", apuntó.

Señaló que la reforma "deteriorará los controles y equilibrios y podría socavar la fortaleza económica y fiscal de México".

Agregó que "a medida que el Poder Judicial se realinea cada vez más con los poderes ejecutivo y legislativo, su papel en el control y equilibrio de las otras ramas de poder se deteriorará".

Moody's destacó que la preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo, y un shock de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante.

"Los cambios en el sistema judicial y regulatorio de México generarían más incertidumbre en sus proyectos de infraestructura", dijo la agencia.

Además, destacó que la eliminación de organismos reguladores independientes, una propuesta que se considerará después de la reforma judicial, "aumentaría la incertidumbre en torno a las normas y procedimientos, y haría que el sector de infraestructura de México sea menos atractivo para la inversión privada, a pesar de las sólidas perspectivas de demanda".

Expuso que "cuanto mayor sea la percepción del riesgo, más alta será la rentabilidad de las inversiones que buscarán los inversionistas y más elevados serán los costos adicionales derivados del análisis legal y la diligencia debida".

También dijo Moody's que "la incertidumbre jurídica probablemente afectará más a los sectores corporativos de México que dependen de concesiones y grandes inversiones, como la minería y las telecomunicaciones".

"Los cambios en el sistema judicial serían particularmente perjudiciales para las futuras inversiones en 'nearshoring' o fenómeno de relocalización de cadenas".

Y "si la incertidumbre sigue presionando el peso mexicano, esto también perjudicaría los indicadores crediticios de las empresas que calculan sus costos en dólares estadounidenses y generan ingresos en pesos, o de aquellas con baja diversificación fuera de México".

Con información de Latinus

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Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.

José Medina Mora,  al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.

Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.

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