Venezuela tacha las sanciones de EU contra 16 funcionarios como un "crimen de agresión"
El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves las sanciones impuestas por EE.UU. a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y a 15 representantes de varios poderes públicos, al calificarlas como un "nuevo crimen de agresión".
En un comunicado, la Cancillería venezolana aseveró que la inclusión de estos 16 funcionarios del Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, demuestra un "total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos".
Para Caracas, la imposición de sanciones luego de que el presidente Nicolás Maduro resultara reelecto en los pasado comicios presidenciales y el excandidato opositor Edmundo González desconociera el escrutinio, "son un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".
"Poco se puede esperar de la potencia más hostil"
En el texto se afirma que las medidas coercitivas unilaterales "rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar" entre los gobiernos venezolano y estadounidense, al tiempo que "pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de 'cambio de régimen', como parte la doctrina Monroe".
En esa línea, la Cancillería admite que "poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos".
Finalmente, el texto oficial denuncia que la "arremetida" contra quienes "defienden la soberanía y la paz de la Nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población".
Según una publicación en Telegram del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, "tras el fracaso del golpe electoral y ciber terrorista del 28 de julio", Washington ya suma 947 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.
¿Por qué EE.UU. impuso las sanciones?
La presidenta del TSJ y varios de sus magistrados fueron sancionados por Washington, luego de que esa máxima instancia convalidara la reelección Maduro, quien ganó los comicios del pasado 28 de julio.
El Supremo supervisó un proceso de peritaje hecho por expertos de varias áreas que analizó el material electoral consignado por el CNE, los excandidatos y sus partidos, luego de que el exaspirante de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática no aceptara los resultados del escrutinio y alegara "fraude".
Los rectores del CNE fueron incluidos en la lista de la OFAC por formar parte del Poder Electoral, encargado de organizar y arbitrar los pasados comicios presidenciales. EE.UU. ha desconocido sistemáticamente los resultados que no han sido favorables a los sectores de la oposición que respalda.
A los fiscales del Ministerio Público se les impusieron sanciones debido a que el ente acusador pidió una orden de aprehensión contra González por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de la función pública y conspiración. Tras su huida a España, la Fiscalía consideró que el caso estaba judicialmente cerrado.
Con información de actualidad.rt.com
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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