Venezuela tacha las sanciones de EU contra 16 funcionarios como un "crimen de agresión"

El Gobierno de Venezuela rechazó este jueves las sanciones impuestas por EE.UU. a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y a 15 representantes de varios poderes públicos, al calificarlas como un "nuevo crimen de agresión".

En un comunicado, la Cancillería venezolana aseveró que la inclusión de estos 16 funcionarios del Estado en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, demuestra un "total desprecio por el derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos y la voluntad democrática de los venezolanos".

Para Caracas, la imposición de sanciones luego de que el presidente Nicolás Maduro resultara reelecto en los pasado comicios presidenciales y el excandidato opositor Edmundo González desconociera el escrutinio, "son un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana".

"Poco se puede esperar de la potencia más hostil"

En el texto se afirma que las medidas coercitivas unilaterales "rompen y violan los acuerdos firmados en Qatar" entre los gobiernos venezolano y estadounidense, al tiempo que "pretenden imponer a todo un país y sus instituciones las políticas de 'cambio de régimen', como parte la doctrina Monroe".

En esa línea, la Cancillería admite que "poco se puede esperar de la potencia más hostil y sanguinaria que ha conocido la humanidad, la responsable de millones de asesinatos en el mundo con socios genocidas y un historial de indiferencia por las necesidades de sus propios ciudadanos".

Finalmente, el texto oficial denuncia que la "arremetida" contra quienes "defienden la soberanía y la paz de la Nación no hace sino ratificar su voluntad de sacrificio y merecerles el reconocimiento de toda la población".

Según una publicación en Telegram del viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, "tras el fracaso del golpe electoral y ciber terrorista del 28 de julio", Washington ya suma 947 medidas coercitivas unilaterales contra el país suramericano.

¿Por qué EE.UU. impuso las sanciones?

La presidenta del TSJ y varios de sus magistrados fueron sancionados por Washington, luego de que esa máxima instancia convalidara la reelección Maduro, quien ganó los comicios del pasado 28 de julio.

El Supremo supervisó un proceso de peritaje hecho por expertos de varias áreas que analizó el material electoral consignado por el CNE, los excandidatos y sus partidos, luego de que el exaspirante de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática no aceptara los resultados del escrutinio y alegara "fraude".

Los rectores del CNE fueron incluidos en la lista de la OFAC por formar parte del Poder Electoral, encargado de organizar y arbitrar los pasados comicios presidenciales. EE.UU. ha desconocido sistemáticamente los resultados que no han sido favorables a los sectores de la oposición que respalda.

A los fiscales del Ministerio Público se les impusieron sanciones debido a que el ente acusador pidió una orden de aprehensión contra González por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos usurpación de la función pública y conspiración. Tras su huida a España, la Fiscalía consideró que el caso estaba judicialmente cerrado. 

Con información de actualidad.rt.com

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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial

La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.

Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.

De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.

También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.

Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.

 

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