Se puede proteger el Cerro del Caballo

Tromba de Obsidiana
Luis Andrés Rivera Levario / Vocero de Salvemos los Cerros de Chihuahua

A pesar de que el dominio del dinero no admite reducción alguna de ganancias aunque esto tenga como consecuencia la devastación de los llamados "recursos naturales", ya han existido ejemplos de sociedades capitalistas donde se toman medidas de protección al medio ambiente sin que esto implique la instauración del "comunismo". Esto pasó en Estados Unidos de América, el país del dólar, fomentado por la misma clase social adinerada en un movimiento histórico de declaración de parques nacionales que hasta la fecha son sitios reconocidos a nivel mundial. 

Pero no solo está Yellowstone con los vecinos imperialistas del norte, también está el Parque Nacional Cumbres de Majalca, ejemplo de una regulación pública y privada donde el gobierno nacionalista revolucionario de Lázaro Cárdenas estableció la primera y hasta el momento única área natural protegida del municipio de Chihuahua. De la misma forma, todavía hoy en día "Majalca" es un sitio de esparcimiento, diversión y disfrute de la naturaleza para miles de personas cada año, lo que además es pretexto para recaudar y destinar recursos económicos en favor de habitantes y visitantes de la zona.

Hay personas que me cuestionan de la siguiente manera: "Apoco tu estarías de acuerdo con que alguien te diga qué puedes hacer y qué no puedes hacer en tu casa, entonces porque quieres decirle a los propietarios de los cerros qué hacer con ellos", a lo que respondo: No es que esté de acuerdo o no, es que no hay de otra, ya que el contrato social implica la renuncia de cierta "libertad" individual para obtener una "seguridad" en la sociedad a cambio, por ejemplo, en mi casa no puedo dañar especies de fauna silvestre, no puedo tener un rastro de ganado, no puedo tener una fábrica de electrónicos, y en temas más sencillos, para hacer una adecuación urbana necesito pedir permiso.

En sí no es un concepto tan difícil de entender, pero si genera ciertas resistencias para ser aceptado, el hecho de que la regulación legal de las actividades económicas es un hecho indiscutido y se basa en intereses superiores a la acumulación de la ganancia privada: Es decir, en teoría se basa en el respeto a los derechos humanos básicos y fundamentales, entre los que se encuentra el derecho a un medio ambiente sano. Como hemos visto en la historia, hay sectores y clases sociales que estarían de acuerdo con el trabajo infantil o la esclavitud si no fuera porque las leyes se lo prohíben e incluso así, como lo indica la reciente reforma al código penal federal, sobre el tráfico de personas con fines de explotación laboral. 

Así también hay leyes que restringen o regulan la destrucción de cerros y áreas naturales, por ejemplo se supone que los estudios de impacto ambiental deben de ser realizados por personas registradas en el padrón de prestadores de servicios ambientales, aunque esto no siempre ha sucedido en el municipio, con consecuencias desastrosas como el derrumbe de muros de contención y la construcción de casitas muy feas encima de cerros destruidos. Es importante señalar que las zonas de valor paisajístico establecidas en el reglamento de desarrollo urbano sostenible del municipio de Chihuahua en 2013 si no me equivoco jamás han sido respetadas como jamás fue respetado el decreto de zona protectora forestal de 1936, antecedente incluso de Majalca.

Como podemos apreciar, la búsqueda de ganancia económica no solo erosiona el suelo forestal y de zonas áridas, sino también va deslavando poco a poco el rostro del Estado de Derecho, para así revelar la verdadera identidad del dominio de la búsqueda del dinero a toda costa como algo muy lejano al progreso y al "desarrollo" y muy cercano por el contrario a una estafa donde unos pocos, muy pocos, ganan muchísimo, y la mayoría de la población perdemos el respeto a las leyes, perdemos zonas de captación de agua, perdemos paisajes y perdemos espacios para el sano esparcimiento, el aire limpio y el disfrute de la naturaleza.

Por eso si ganan tanto no pueden ganar todo, una cosa que no se puede comprar con dinero es el respeto, la credibilidad, la legitimidad y la simpatía de población, que día a día pierden quienes han sido apodados como "matacerros". Nosotros, defensores y defensoras del territorio, perdemos batallas legales, perdemos cerros, pero ganamos algo que el dinero no puede comprar. No se puede tener todo en la vida, unas por otras y así es esto. Si quieren recuperar un poco de credibilidad por parte de la gente, dejen de destruir cerros, si no, sigan con sus negocios cuestionables que pronosticamos, tarde o temprano se caerán como ciertas bardas ante la lluvia.

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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP

Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.

Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.

José Medina Mora,  al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.

Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.

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