Un gas pimienta más caro que una jubilación: el escándalo de las represiones de Javier Milei

Una jubilada es empujada por policías. Otra yace tirada en el suelo. Una más es golpeada y pateada. Un anciano tiene el rostro empapado de gases lacrimógenos y apenas puede respirar. Manifestantes de cabellos encanecidos y rostros arrugados son agredidos con toletes, escudos, llevados en ambulancias.

Estas son las crudas imágenes que se han repetido en la última semana en los alrededores del Congreso de Argentina, en donde miles de personas mayores han acudido para repudiar el decreto del presidente Javier Milei que echa atrás una ley de movilidad jubilatoria que aprobaron diputados y senadores. La respuesta ha sido la represión.

La violencia tuvo un punto culmen el miércoles, ya que obligó a suspender el primer informe que el ministro del Interior, Guillermo Francos, presentaba ante el Congreso.

El proyecto de la discordia sumaba un incremento del 8,1 % a las jubilaciones en el país sudamericano. Representaba un ingreso extra mensual de 13,054 pesos (13 dólares) para un universo de 13 millones de jubilados.

El monto es irrisorio, ya que equivale al precio de un kilo y medio más de carne, pero en medio de la grave crisis económica que padece el país, es fundamental para cualquier ciudadano. Le puede resolver una treintena de pasajes de autobuses urbanos en la ciudad de Buenos Aires. O una factura de luz, gas o agua.

Sin embargo, Milei vetó la ley de movilidad jubilatoria con el argumento de que esos egresos provocarían el déficit fiscal que tanto ha prometido combatir. Insistió con esa idea la misma semana en la que les confirmó a los empresarios más ricos del país: "vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes".

En las calles, la lucha de las y los jubilados se sostiene con movilizaciones en el Congreso a pesar de que las represiones son reiteradas, cada vez más violentas, y amenazan con convertirse en una nueva crisis política para el Gobierno.

Costos y justificaciones

El portal El Destape reveló un dato fundamental para atizar la controversia, ya que descubrió que cada cartucho del gas pimienta que las fuerzas de seguridad usan en las represiones es más caro que una jubilación mínima.

De esta forma, cada cartucho vale 250.470 pesos (253 dólares), en tanto que los jubilados de las escalas más bajas cobran mensualmente 234.540 pesos (237 dólares).

Además, confirmó que, desde que Milei comenzó a gobernar en diciembre pasado, las jubilaciones mínimas se redujeron un 11,54 %, es decir que este segmento poblacional es cada vez más pobre.

Las declaraciones de los funcionarios tampoco ayudan a paliar el escándalo. "No hay que tener miedo a la represión, hay que tener miedo a los que incumplen la ley", afirmó el miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni al ser cuestionado por la violencia institucional que las fuerzas de seguridad cometen contra los jubilados.

"Decían que había represión en la calle, en realidad lo que se estaba haciendo era cumplir el protocolo (contra las manifestaciones), había muchos jubilados jóvenes con tabapobcas. Se ve que el sistema jubilatorio ha permitido que muchos jóvenes, sobre todo de partidos de izquierda, se jubilaran temprano porque estaban manifestando por sus derechos. Lástima que mandan a un grupito de jubilados adelante para dar la sensación de que los reprimen", señaló de manera burlona el ministro del Interior, Guillermo Francos, sin entender la solidaridad de diversas organizaciones con las personas mayores que protestan.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo sin mencionar a las víctimas.

"Pese a que los violentos de siempre quisieron imponerse por la fuerza y el caos para seguir destruyendo la Argentina, hicimos que prevalezca la ley y el orden, gracias a un impresionante trabajo de las Fuerzas Federales de Seguridad. ¡Vamos a fondo contra los violentos!", amenazó como parte de una polémica que está lejos de terminar, ya que el Congreso debatirá en los próximos días si rechaza o no la derogación de Milei a la reforma jubilatoria.

Con información de actualidad.rt.com

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Invitan a apoyar consulta ciudadana sobre la reforma al Poder Judicial

La abogada Marisol Rivas, promueve a nivel nacional, una consulta ciudadana, sobre la reforma al Poder Judicial, para que los ciudadanos, sean quienes decidan si los juzgadores deben estar preparados y tener una carrera judicial para acceder a un puesto o deben ser electos por vía popular.

Según se dio a conocer, la ley solicita para realizar esta consulta ciudadana la recolección de las firmas del 2 por ciento de la lista nominal, equivalentes a las de 2 millones de ciudadanos, hasta el 30 de noviembre como plazo límite para que este ejercicio, se realice en 2025 y cuyo resultado sería vinculante y por tanto acatado por el Ejecutivo y el Legislativo.

De no lograrse la meta en este plazo, la recolección de firmas puede seguir el siguiente año, hasta completar el porcentaje fijado en los requisitos, para que la consulta se realice en el 2026. Para dar el apoyo a esta iniciativa, se puede utilizar App móvil, que se llama Apoyo Ciudadano-INE, en donde se puede elegir el proceso al que se desea ofrecer el voto.

También, la abogada, está convocando a una revolución pacífica ciudadana, para activar mecanismos de democracia directa como son la consulta popular, así como las iniciativas ciudadanas, para cambiar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro país, según lo dio a conocer, al invitar a no quedarse con los brazos cruzados, pues hay mecanismos a disposición de los ciudadanos.

Por lo pronto ya algunas organizaciones ciudadanas según se dijo se han estado sumando a esta iniciativa.

 

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