Gobierno de Milei elimina más de 120.000 pensiones por discapacidad
El Gobierno del presidente argentino Javier Milei eliminará más de 120.000 pensiones por discapacidad, bajo el argumento de que parte de los beneficiarios no cumplen con los requisitos mínimos para recibirlas.
Según informó Radio Mitre, la medida será efectiva a partir de septiembre, luego de una serie de auditorías en la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Se trata de una nueva medida de recorte en el Estado por parte del Gobierno nacional de Milei, en el marco de su plan 'motosierra'.
Los afectados serán personas que, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y, en razón de ello, reciben 'Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral'.
Se les llama 'no contributivas' porque no es requisito para obtener la pensión haber realizado aportes por actividad laboral.
Resultado de la auditoría
Mediante un primer análisis de las asignaciones, el gobierno estimó que apenas el 7 % de los casos analizados cumplían con todos los requisitos necesarios para recibir la pensión. Luego, la Andis realizó la auditoría y estimó que entre el 30 % y el 40 % de los 400.000 pensionados no calificaban.
Ramiro Marra, legislador de La Libertad Avanza (LLA - oficialismo) en la Ciudad de Buenos Aires, hizo este martes una "aclaración importante" desde su cuenta de la red social X: "La eliminación de pensiones es para asegurar que solo quienes realmente lo necesiten sigan recibiendo este apoyo del Estado", afirmó.
Cuáles son los requerimientos de la pensión
El trámite para obtener la pensión por invalidez laboral en Argentina es gratuito, se realiza a través de la Agencia Nacional de la Seguridad Social (Anses) y se deben cumplir los siguientes requisitos:
No recibir otra asistencia del Estado.
No tener empleo formal.
Tener ingresos insuficientes.
Ser ciudadano argentino o residente con más de diez años de permanencia en el país.
No estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario.
Irregularidades detectadas
El pasado 19 de julio, el vocero de Presidencia, Manuel Adorni, detalló los resultados de la auditoría realizada por el Gobierno nacional.
"Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que, solo en el último año, se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares", aseguró Adorni.
El portavoz señaló que, entre 2003 y 2015 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.045.000, y entre 2019 y 2023 trepó desde 1.026.000 a 1.222.000 beneficiarios. "Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes", manifestó Adorni.
Y añadió: "Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando, hay 60.000 personas, dentro de este universo, que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo: cobran la pensión, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados".
Con información de actualidad.rt.com
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Por Reforma Judicial, diferentes posturas en la IP
Mientras el presidente Coparmex José Medina Mora, advirtió que el nuevo régimen en el país no es capaz de escuchar a las diferentes voces, como en el caso de la Reforma Judicial; por su parte el dirigente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, pidió no ser alarmistas, porque en su consideración esto no conlleva al autoritarismo.
Mientras que el dirigente de Coparmex, incluso, señaló que ya algunas empresas están saliendo del país por la incertidumbre, como es el caso de Ciudad Juárez; el presidente del CCE reconoció que algunos puntos de esta ley deberán de armonizarse para implementarlas, como las convocatorias para elección popular de jueces y la definición de las leyes secundarias.
José Medina Mora, al expresar que hay corporativos que han definido no invertir más en nuestro país y que 14 empresas han salido de Ciudad Juárez, advirtió se está regresando a un México de los años 70, cuando no había división de poderes, ni contrapesos y con el poder concentrado en la presidencia de la República.
Las expresiones del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, Francisco Cervantes, han llamado la atención por señalar que no hay por qué alarmarse y reconocer que sí se requería un ajuste al Poder Judicial; mientras que otros organismos privados, ha mostrado su desacuerdo y preocupación por la Reforma Judicial y por la extinción de organismos autónomos, que será el siguiente paso, como parte del llamado plan C, del presidente López Obrador. Así las posturas dentro de la iniciativa privada en el país.
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