«A los verdugos se les reconoce fácilmente: tienen cara de miedo» y, hoy, el verdugo es el Poder Ejecutivo que, en su profundo pavor, aspira a intimidar a la participación ciudadana. Así es como la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha hecho uso de sus lacayos, los diputados del PAN, para reformar la revocación de mandato y la ley de participación ciudadana, prácticamente anulando, a puertas cerradas, la posibilidad de ser retirada del cargo a pesar del inconformismo que su gobierno despierta.
El viernes 23 de agosto, día en el que se discutiría la propuesta en cuestión al interior de la sala legislativa del piso 18, el PAN resultó diligente para llenar la comisión con todos sus empleados, bajo la única motivación de negarle la entrada a ciudadanos, integrantes del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, que se hallaban en las instalaciones del Congreso local, solicitando que sus ideas fueran atendidas. Entonces, luego de atiborrar el lugar con asesores y personal administrativo, el diputado Bazán, del PRI, negó la inclusión de dichos ciudadanos a la comisión pública arguyendo «falta de espacio». Después, durante toda la sesión, en la cual se exigió la integración de la ciudadanía a la mesa de discusión, Bazán, haciendo ostentación de su estela de burocracia, se negó reiteradamente e incluso, al lado de los diputados del PAN, votó en contra del parlamento abierto.
¿A qué punto ha llegado la vida política de nuestro país, si políticos inhábiles y henchidos de arrogancia, se asumen con la competencia de exigirnos un oficio sólo para poder ser reconocidos en nuestros derechos? Como si estuviésemos replicando la realidad de que las personas existimos para la clase política como una cuota electoral, que los pone ahí, en el pedestal, únicamente para nunca más volver a ser escuchados. Y, ¿qué deberíamos hacer si estos mismos políticos utilizan el dinero del pueblo para erigir edificios cuyo mantenimiento cuesta, y cuesta mucho, pero que jamás estarán al servicio de los chihuahuenses? Peor aún, ¿cómo abrimos esa pesada puerta que el Congreso del Estado de Chihuahua le cierra a las personas?
Fortalecidos por la premisa de que el poder le sirve al poder, diputados del PRI y el PAN, algunos de los que ni siquiera merecen ser nombrados, votaron a favor de incrementar los porcentajes; del 5 a 10%, la cantidad de firmas para solicitar la revocación de mandato de la gobernadora, y del 35 al 40% para que sea vinculante.
El 10% de la lista nominal corresponde a 307 mil 157 firmas. Recordemos que la gobernadora ganó con 576 mil votos… por lo que, en un breve análisis, ¿sería congruente pedirle a la ciudadanía que recauden en firmas más del 50% de los votos que obtuvo la gobernadora? Poniendo en consideración que en esa última campaña se reportó una dilapidación de recursos y un gasto millonario, casi aproximado a los 10 millones de pesos.
Por eso, para el miedo de los malos poderosos: la ley blindaje