Tribunal Supremo de EU rechaza reanudar el programa de cancelación de deuda estudiantil del gobierno de Biden
El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este miércoles permitir al gobierno reanudar el programa de cancelación de la deuda estudiantil, cuya aplicación fue paralizada en julio por una corte de apelaciones a petición de varios estados.
El programa, conocido como Plan de Pago para una Educación de Calidad (SAVE, en inglés), fue bloqueado por el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito a petición de un grupo de estados de mayoría republicana que consideran que la administración de Joe Biden necesita el permiso del Congreso para autorizar el gasto de hasta 475 mil millones de dólares.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ha rebajado la estimación del coste del programa a 230 mil millones en la próxima década, mientras que el gobierno considera que la cifra será incluso inferior, de 156 mil millones.
La decisión del Tribunal Supremo, que fue emitida sin voces discordantes entre los tres jueces progresistas, supone que el programa quedará en suspenso hasta que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito llegue a una decisión sobre su legalidad.
La cancelación de la deuda estudiantil fue una de las principales promesas electorales de Biden en las elecciones de 2020, en las que se enfrentó al exmandatario republicano Donald Trump.
Un plan inicial de alivio financiero fue anulado por la mayoría conservadora del Supremo, que decidió que el Ejecutivo había excedido sus atribuciones al establecer la cancelación de unos 400 mil millones en deuda estudiantil a unos 43 millones de personas.
En respuesta a la decisión de los seis magistrados conservadores de la máxima corte, el gobierno de Biden presentó a finales de 2023 una nueva versión, el plan SAVE, que rebaja los pagos mensuales y acelera la cancelación de los préstamos.
Con información: Latinus.com
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Se pueden alegar violaciones a las suspensiones contra la reforma judicial
Una vez que fue publicada la Reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación se cuenta con 30 días hábiles para el amparo indirecto y el mismo plazo para la acción de inconstitucionalidad.
A pesar de que hubo suspensiones otorgadas por jueces de distrito, estas fueron violadas por la misma publicación de la reforma. Es decir, se puede alegar una violación a la suspensión.
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