(France24).- Como una “burla” describe Human Rights Watch el eventual escenario de repetición de votaciones presidenciales en Venezuela, para salir de la tensión postelectoral.
Mediante una carta pública, la organización defensora de derechos humanos refutó este martes tres propuestas para salir de la tensión postelectoral en Venezuela, hechas recientemente por los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Andrés Manuel López Obrador.
Se trata de la repetición de elecciones, como pidieron Lula y Petro, confiar en el Tribunal Supremo de Venezuela para resolver los cuestionamientos electorales, como respaldó el mandatario mexicano, y conceder una “amnistía general” ante las presuntas violaciones de derechos humanos, como sugirió el jefe de Estado colombiano.
“Repetir las elecciones porque el gobierno de Maduro no está dispuesto a divulgar y aceptar el resultado de los comicios del 28 de julio sería una burla a este principio democrático básico. Tal propuesta, que sería inaceptable en cualquier país, sería especialmente problemática en Venezuela dadas las importantes barreras que los votantes y candidatos se vieron obligados a superar para participar en las elecciones del 28 de julio, incluyendo violaciones generalizadas de derechos humanos, que hicieron que la elección fuera marcadamente injusta y que pusieron a muchos votantes y candidatos en riesgo de sufrir abusos por parte del gobierno”, subraya HRW en la misiva.
Como alternativa para resolver la situación, HRW resalta una negociación "creíble" entre todas las partes implicadas, que, además, garantice la protección de los derechos humanos.
“Acusaciones creíbles” sobre órdenes del Ejecutivo en las sentencias del Supremo
Con respecto a la petición inicial de los tres mandatarios de la izquierda latinoamericana sobre aguardar a la evaluación del Tribunal Supremo de Justicia para respaldar o no la proclamada victoria de Maduro, Human Rights Watch resaltó que una evaluación preliminar del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan identificó “varios factores que afectan la independencia y la imparcialidad” de los jueces” de la alta corte venezolana.
Citando a la CPI, HRW destacó que la mayoría de los jueces “al parecer tienen conexiones con el actual partido político en el poder, algunos fueron nombrados en violación de la legislación venezolana y que existen acusaciones creíbles de que los jueces son nombrados “debido a su lealtad percibida hacia el gobierno”.
Asimismo, la organización remarcó que los expertos de la ONU, que forman parte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentaron “acusaciones creíbles de que los magistrados del Tribunal Supremo ‘reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias’ por parte del poder Ejecutivo”.
Sin embargo, HRW valora la postura de los tres mandatarios de recalcar que aún están a la espera de la publicación de las actas electorales, como un paso necesario para reconocer los resultados.
Y es que el pasado jueves 22 de agosto, el Supremo venezolano validó la reelección de Maduro, anunciada previamente por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no publicó las actas que respalden dicho pronunciamiento.
Frente a la propuesta de Petro sobre otorgar una “amnistía general” de alcance “nacional e internacional” frente a las presuntas violaciones de derechos humanos, la organización declaró que esa vía iría en contra del derecho internacional y “afectaría a los derechos de las víctimas de atrocidades".
Rector del CNE de Venezuela cuestiona la reelección de Nicolás Maduro
Por primera vez desde las pasadas elecciones presidenciales, un alto funcionario del órgano electoral venezolano asegura que no existen pruebas de que Nicolás Maduro haya sido reelegido en las urnas.
La declaración fue hecha por Juan Carlos Delpino, rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien en un comunicado con fecha del lunes 26 de agosto señala una serie de “irregularidades ocurridas durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024”.
Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señala la gravedad de la falta de transparencia
A su juicio, se incumplieron los protocolos establecidos para el proceso democrático, debido a que “la transmisión de resultados debía hacerse inmediatamente al cierre de las mesas”, algo que no ocurrió, según Caracas, por un presunto jaqueo.
"Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados", indicó Delpino, uno de los cinco rectores del CNE y afín a la oposición venezolana.
Tras sus declaraciones, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), anunció que el Legislativo afín al chavismo iniciará un proceso para destituir y reemplazar a Delpino de su cargo, reportó la prensa local.
Entre otras situaciones que demostrarían las irregularidades, sostiene Delpino, se registró el desalojo de los testigos electorales en varios centros de votación del país, la falta de transmisión del "código QR a la data center de los comandos", y no hubo una solución efectiva al jaqueo denunciado. Por todo lo anterior, explicó, decidió no acudir a la sala de totalización de los resultados de la votación en la noche del 28 de julio.
Además, en una entrevista con ‘The New York Times’, Delpino remarcó: “No recibí evidencia alguna” de que Maduro hubiera obtenido la mayoría de los votos.
El funcionario también pidió disculpas a su país cuando señaló que al declarar ganador a Maduro sin pruebas “le falló al país”.
“Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos no lo logré”, destacó.
Estas declaraciones llegan en medio de las denuncias de fraude de la oposición que asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales con alrededor del 70% de los votos, según las actas que asegura que recabó en los centros de votación.
Miles de ciudadanos han protestado en las últimas semanas dentro y fuera de Venezuela para denunciar un presunto fraude electoral.
Las instituciones del Estado, cuestionadas por organismos como la ONU y el centro Carter por falta de independencia, insisten en que Maduro obtuvo la victoria, pero a un mes de los comicios Caracas sigue sin publicar las actas que comprueben su dictamen, como demanda gran parte de la comunidad internacional para reconocer los resultados.
Ahora, la Fiscalía venezolana llama a declarar a González Urrutia a quien abrió un proceso penal por sus vínculos con la página web de la oposición que publicó las actas. Se trata de un portal en el que cualquier ciudadano venezolano puede ingresar con su número de identificación nacional para corroborar los resultados de su mesa de votación.
Tomado de proceso.com.mx
Con EFE y medios locales