MORENA: El camino hacia una democracia sorda, muda y paralítica

México se encuentra en un momento crucial para defender y mantener la joven democracia que rige esta nación. Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, las diversas instituciones que nos han costado tanto a las y los mexicanos están siendo desmanteladas o debilitadas de forma sistemática. La estrategia que mantiene el actual Gobierno Federal parece estar encaminada a consolidar una farsa democrática en la que actuar de forma independiente al Poder Ejecutivo sea prácticamente imposible.

Muestra de ello es el avance en la Cámara de Diputados de la iniciativa con proyecto de Decreto que busca desaparecer a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

MORENA asegura que la eliminación de estos seis órganos autónomos no significa que sus laborales desaparecerán, sino que serán asumidas por otras dependencias federales, como la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que los recursos de los órganos autónomos que desaparezcan serían utilizados en el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que fue creado el año pasado.

Sin embargo, dejan de lado que los órganos autónomos en México son la respuesta a la necesidad de construir un sistema democrático sólido, capaz de vigilar, regular y, en su caso, sancionar el poder del Estado, es decir, son concebidos como contrapesos esenciales para el ejercicio del poder.

El argumento de la 4T es que estas instituciones son costosas e ineficaces y los pintan ante la ciudadanía como entes burocráticos, llenos de personas que utilizan el erario público para enriquecerse, repitiendo una y otra vez que hay corrupción, sin demostrar sus dichos, ocultado al mismo tiempo que se trata de una estrategia para concentrar el poder a través de la debilitación de los mecanismos de vigilancia y control que podrían cuestionar o anular sus políticas populistas. Lo anterior significa que no existirá apertura para el diálogo y la crítica, mientras que la información pública se volverá prácticamente inaccesible o será manipulada a conveniencia de los actores que se encuentren en el poder.

A la par, vemos la intervención del Gobierno de López Obrador en el Poder Judicial, una clara manifestación del deseo del Ejecutivo Federal de someter a las instituciones. Resulta verdaderamente alarmante que la independencia judicial, pilar de cualquier democracia, se encuentre en riesgo por iniciativas que amenazan ser aprobadas por legisladores de MORENA, con el propósito de influir en la composición y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un intento de control político absoluto. Quién puede poner en duda que este tipo de acciones son destellos dictatoriales.

La defensa de los órganos autónomos y de la autonomía del Poder Judicial es una lucha legítima de la oposición por la democracia mexicana, ante la amenaza de un régimen que busca mantener el poder a costa de nuestra libertad de expresión, que compra voluntades, lucra con la necesidad de los que menos tienen y que pone en riesgo desarrollo integral de la sociedad y de nuestros sueños y aspiraciones. Es imperativo que todas y todos nos movilicemos para defender nuestras instituciones, que alcemos la voz, que no seamos omisos e indiferentes ante lo que se está gestando en el país, pues una democracia sorda, muda y paralítica no es una democracia plena. No lo digo en sentido peyorativo si no para ejemplificar en sentido figurado la necesidad que existe de que se cuente con con instituciones donde los ciudadanos puedan ser escuchados, defendidos, que puedan conocer el destino de los recursos y que pueden ejercer un voto en libertad, lo que se pretende instaurar es un sistema que funciona a merced de los intereses del poder, donde la participación ciudadana es controlada y donde la justicia se convierte en un instrumento del Estado.