Con el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, México enfrenta un panorama complejo, lleno de desafíos políticos y sociales no resueltos.
A pesar de los pronósticos optimistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que anticipa un crecimiento del Producto Interno Bruto entre 2.5% y 3.5% para 2024, la realidad que delinean los analistas es mucho más sombría.
Según el grupo Citibanamex, las expectativas de crecimiento se han estancado en 1.7%, lo que refleja la falta de confianza en la solidez de la economía mexicana para mantener un ritmo acelerado de expansión.
Durante este sexenio, el presidente López Obrador centró gran parte de sus esfuerzos en proyectos emblemáticos como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Corredor Interoceánico.
Aunque estas obras se concibieron con la esperanza de impulsar el crecimiento económico, a lo largo del tiempo han surgido dudas sobre su viabilidad, planteamiento, impacto ambiental y transparencia, lo que ha afectado la percepción sobre la eficiencia del gasto público.
Esta combinación de factores ha generado escepticismo y desconfianza tanto en el ámbito nacional como internacional, impactando negativamente la economía del país.
En este contexto de transición gubernamental, es normal que exista incertidumbre en los mercados y entre la ciudadanía.
Sin embargo, la incertidumbre actual es más intensa que en sexenios anteriores, y temas como la reforma judicial solo agravan esta situación.
La preocupación no se limita a México; a nivel internacional, también hay señales de alarma.
Un ejemplo de ello es la reciente advertencia del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre los riesgos que representa la reforma judicial, especialmente en lo relacionado con la elección directa de jueces y magistrados.
Salazar advirtió que esta reforma podría debilitar al Poder Judicial, hacerlo más vulnerable a la corrupción y facilitar la intervención de los cárteles de la droga en el sistema de justicia.
Además, señaló que esta situación podría afectar negativamente la relación comercial entre México y Estados Unidos, poniendo en riesgo el T-MEC y generando aún más incertidumbre para los inversionistas.
Concluyo en estas líneas que nos encontramos en una transición gubernamental cargada de desafíos.
El próximo gobierno no solo tendrá la responsabilidad de consolidar los cimientos dejados por el actual sexenio, y lo malo podría ser precisamente eso, el riesgo latente de desmantelamiento institucional y vulneración de la separación de poderes.
Podríamos estar en vísperas de un debilitamiento del estado de derecho y un retroceso en la protección de los derechos ciudadanos.