Familiares de guatemaltecos desaparecidos en Chiapas exigen al gobierno mexicano ayude a encontrarlos

TUXTLA GUTIÉRREZ (apro).- Familiares de diez guatemaltecos desaparecidos en noviembre de 2023, entre los municipios de Siltepec y Frontera Comalapa Chiapas, pidieron a los gobiernos de Guatemala y México, “remover los obstáculos” que hasta ahora han encontrado, para encontrar con vida a sus seres queridos.

El rastro de los diez guatemaltecos, entre ellos un menor de 17 años, se perdió el 16 de noviembre cuando viajaron a Chiapas a vender aves de corral y servicios de telefonía como habitualmente lo hacían. Vivían en el municipio costeño de Cuyotenango, perteneciente al departamento de Suchitepéquez, cerca de la frontera.

A ocho meses de las desapariciones, el grupo de familiares compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), apoyados por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), ofrecieron una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, pero que fue trasmitida en Chiapas.

“La desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia y afectado nuestra estabilidad económica”, dijo Débora Rosales, cuyo hermano Dan, de 31 años, es uno de los desaparecidos.

“El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador”, manifestó al señalar que, en la búsqueda de sus familiares, prácticamente a distancia, los ha golpeado.

“Las autoridades mexicanas no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares”, se quejó Efraín Rosales, el padre de Dan, quien comentó que este día estaría celebrando su cumpleaños y había traído un enorme llanto a su madre.

Al dar lectura a un pronunciamiento Thelma Porón, cuyo esposo, José Luis de Léon, de 33 años, es otro de los desaparecidos, dijo: “Le exigimos a las autoridades que nos ayuden a localizarlos, porque, la verdad, ya pasaron más de ocho meses”, La mujer madre de cuatro menores de entre 4 y 15 años, lamentó que no haya “ni rastros de ellos, ni vivos, ni muertos”.

“Les exigimos a las autoridades guatemaltecas que nos ayuden a presionar a las autoridades mexicanas para saber algo de ellos. Hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras, agregó desesperada.

Los familiares de los 10 guatemaltecos, exigieron el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas, del 21 de diciembre del 2023, que pide “una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los diez desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances de ambos puntos”.

Revelaron que, en abril, el gobierno de Chiapas, les prometió a las familias, tener una participación activa en la búsqueda e investigación de los diez comerciantes. “En concreto se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México”.

Sin embargo, a más de ocho meses de los hechos, “denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos”.

Las familias, reiteraron la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora han encontrado para localizar en vida a sus seres queridos. “En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares”, solicitaron.

Expusieron que, ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitan la referencia del reporte de búsqueda, por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. “Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República”.

Para poder dar seguimiento de la desaparición de los diez guatemaltecos, las familias ruegan al Instituto Nacional de Migración (INM) les otorgue visas humanitarias para poder ingresar a territorio mexicano.

En los últimos tres años, la región fronteriza y Sierra de Chiapas ha registrado un recrudecimiento de la violencia por parte de bandas de narcotraficantes que ha dejado desapariciones, bloqueos, enfrentamientos y masacres, como la registrada el 28 de junio pasado que dejó 19 muertos, entre ellos siete guatemaltecos.

Con información de Proceso.

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Entre las inconformidades,  señalan, es que mandos con un año de experiencia, sin siquiera haber pisado las calles o asignados algún destacamento foráneo, reciben beneficios y gozan de canonjías  mientras, el demás  personal se queda sin descanso y no solo eso, también los mandan dizque de comisión con viáticos que, dicen, les son asegurados por, Karla G., encargada de recursos financieros de la Policía Bancaria, para hacer las  devoluciones, según se dice; sin embargo, esos recursos son enviados a su cuenta personal.

Además, comentan que, hay privilegios a quienes son protegidos de los mandos, para señalar a varios agentes identificados como Núñez, Vázquez Cuéllar, Karla Flores, El Mike, Erick Rolando Andreu, así como Arturo Luna García, Jesús Gerardo Artalejo, que han sido premiados con ascensos, entre quienes se encuentra Víctor Sosa, quien ascendió a comisario de toda la Policía Bancaria, según dicen.

Todos ellos según se comentan, fueron promovidos por Refugio Moreno y autorizados por el subsecretario, Simeón Esparza, de quien se ha dicho que, recientemente contrajo nupcias en Cancún.

Las inconformidades que denuncian son que se deja de lado a personal con más experiencia y antigüedad, quienes deberían ser merecedores de esos cargos, pues conocen muy bien el trabajo de campo.

Según dicen, por algunos desplantes de estos mandos premiados con ascensos, los policías de tropa tienen que dejar sus armas de cargo, en lugar de retirárselas a quienes hacen mal uso de estas. Lo anterior en la serie de denuncias que circulan, en las que muestran sus inconformidades por largas jornadas laborales, sin que se tenga seguro un día de descanso cuando menos...


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¿Será esta la realidad?, porque estas licencias por enfermedad, comentan, a veces vienen aparejadas por otras situaciones como aquella en la que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, súbitamente se “enfermó” y cedió su espacio a su suplente, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, en el contexto de la votación de la reforma judicial.

Esperemos que en este caso no sea por otra cuestión, diferente a los motivos de salud expuestos y  que si es así, que su recuperación sea lo antes posible, pues a veces los dolores de espalda suelen complicarse.

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