El fracaso del Insabi: bajó en 98% la atención a cáncer en hospitales públicos
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó el financiamiento de tratamientos para cáncer de mama, cérvico uterino e infantil desde el inicio de su administración hasta que llegar a cero tratamientos pagados en 2021, los cuales debía atender el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la fallida estrategia de salud del mandatario.
A la par, los tratamientos de quimioterapias en hospitales privados se duplicaron desde el primer año de gobierno de la autonombrada cuarta transformación. Mientras en 2018 los hospitales privados aplicaron 48 mil tratamientos, en 2019 aumentaron a 94 mil, un crecimiento de 98.5%, la mayor alza registrada desde 2013, de acuerdo con las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares del INEGI.
De hecho, mientras en el sexenio anterior la aplicación de quimioterapias de manera privada se mantuvo estable, en el gobierno de López Obrador se mantuvo al alza. En 2020 hubo 67 mil quimioterapias aplicadas en hospitales de paga, en 2021, 76 mil; y en 2022, 64 mil; todas cifras mayores a las registradas en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Además, esto también coincide con datos de la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), en la que se demuestra que el gasto que hicieron los ciudadanos en 2022 para compra de medicinas creció en 39% en comparación con 2018; y los más pobres, incluso, gastaron el doble de recursos.
Esto coincide con la decisión del presidente López Obrador de desaparecer el Seguro Popular, la estrategia que había funcionado durante tres sexenios para atender los tratamientos de enfermedades consideradas como catastróficas como el cáncer, debido a su alto costo, y que fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a partir de 2019.
En los tres años siguientes, el personal médico señaló carencias hasta de insumos básicos e incertidumbre laboral; los pacientes reclamaron falta de atención y desabasto de medicinas, pero el presidente respondía que quienes protestaban eran “opositores” e insistía que el sistema de salud sería como el de Dinamarca.
Sin embargo, el 10 de julio pasado, López obrador reconoció que el Insabi “no funcionó”. “Ahí tuvimos un tropiezo, se corrigió y ahí vamos adelante”, por lo que echó en marcha el IMSS-Bienestar desde 2022, cuyo objetivo principal es centralizar los servicios de salud.
Esa falla se tradujo en dejar sin tratamiento a pacientes enfermos de cáncer, como comprueban estadísticas oficiales.
Sólo para atender el cáncer infantil, el gasto entre 2012 y 2016 fue de 500 millones de pesos; en los años siguientes bajó a 300 millones de pesos, pero en 2021 solo fue de 21 millones de pesos; un recorte de 97%.
Mientras que el número de tratamientos pagados pasó de 1,600 en 2018 a 300 en 2021; es decir, en el gobierno de AMLO hubo 1,300 tratamientos menos.
En cáncer de mama, el gasto pasó de 1 mil 995 millones de pesos en 2018 a 170 millones de pesos en 2021, un recorte de 93%. Mientras que el número de tratamientos pagados pasó de 7 mil 400 a 2 mil 500, una disminución de 4 mil 900 tratamientos.
El cáncer cervicouterino tuvo 300 millones de pesos en 2018, pero solo contó con 15 millones en 2021, un recorte de 95%. Y el número de tratamientos pasó de 2,500 en 2018 a 800 en 2021, una disminución de mil 700.
Para 2021, no se pagó un sólo tratamiento para estos padecimientos. De acuerdo con el informe de labores del Insabi, “se transfirieron recursos con cargo al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por un total de 54 mil 881 millones de pesos para dar cumplimiento con las obligaciones previamente contraídas”. Es decir, pagar las deudas con proveedores.
Baja la atención para cáncer
El Seguro Popular fue una estrategia creada desde 2004 que servía para financiar los tratamientos de 66 padecimientos considerados de alto costo como cáncer, VIH/sida, malformaciones congénitas o cuidados intensivos neonatales.
Efectivamente funcionaba como una especie de aseguradora, pues el gobierno federal pagaba por cada tratamiento a los hospitales y entregaba recursos a los gobiernos estatales para salud. Sin embargo, el gobierno de López Obrador eliminó esa estrategia argumentando que el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar lograría la gratuidad y universalidad de los servicios de salud.
No fue así.
En los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Seguro Popular erogó un promedio de 10 mil millones de pesos sólo para el pago de tratamientos de enfermedades catastróficas, pero en el gobierno de López Obrador, el presupuesto fue en picada hasta llegar a cero.
En 2019, el gasto fue de 6 mil millones de pesos, 31% menos que en 2018, pero el año siguiente bajó a 5 mil 900 millones de pesos, y en 2021 cayó a 2 mil 800 millones de pesos, es decir, un recorte de 71% en comparación con el gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con el análisis El ocaso del Fonsabi, elaborado por México Evalúa.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
Con comunicado, comunistas de Cuba celebran la reforma judicial de México
A través de un comunicado, el Partido Comunista de Cuba celebró la reforma judicial de México, aprobada por la aplastante mayoría de Morena.
según los comunistas de este partido, exclaman que "Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia. La Reforma Judicial que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó en tiempo récord el respaldo de los 18 congresos estatales que requería para ser promulgada, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, de acuerdo con reportes de Russia Today"
Le agradecen los comunistas a Tamaulipas por ser el estado 17 que logró el número que el Gobierno necesitaba para que el proyecto entrara en vigor antes de que López Obrador termine su Presidencia, el próximo 1ro. de octubre.
"La aprobación de la Reforma Judicial quizá sea el más significativo hecho que involucra a toda la nación, y que tiene en el presidente Andrés Manuel López Obrador a su mayor impulsor, dentro del proyecto de justicia social que llevó adelante.
Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.
Y concluyen "El presidente López Obrador ha reafirmado que la Reforma Judicial busca limpiar de corrupción a la justicia. Algunos sectores de la oposición, algunas ong, así como Estados Unidos, se han pronunciado contra el proyecto que ya fue aprobado".
Ministra Norma Piña defiende la división de poderes
"La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional", publicó en sus redes personales acompañada de una infografía.
Controversia constitucional
¿Qué es?
Es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autó- nomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?
- Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados
- Los Municipios
- El Poder Ejecutivo Federal
- Ambas Cámaras del Congreso de la Unión
- Órganos constitucionales autónomos federales y estatales.
¿QUIÉN Y CÓMO RESUELVE?
Tratándose de leyes resuelve el Pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconsti- tucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso.
Si sólo alcanza 6 votos (ma- yoría simple) la invalidez aplicaría solamente para las partes involucradas.
Cuando se trata de actos u omisiones resuelven las Salas de la Corte, con el voto de 3 de las 5 ministras y ministros que las integran.
¿Cómo funciona?
Una vez publicados los decretos en el Diario Oficial de la Federación:
Se presenta la demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Se designa a la ministra o ministro instructor.
Se admite o se desecha. De ser el caso, se dicta suspensión y se le avisa a la parte que la promovió.
Se fija fecha de la audiencia y se celebra.
Se contesta la demanda.
Se presenta el proyecto de resolución.
Se discute el proyecto y se emite la sentencia.
Se publica la sentencia en el DOF, para su cumplimiento.
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Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.
Y concluyen "El presidente López Obrador ha reafirmado que la Reforma Judicial busca limpiar de corrupción a la justicia. Algunos sectores de la oposición, algunas ong, así como Estados Unidos, se han pronunciado contra el proyecto que ya fue aprobado".
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Es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autó- nomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
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Se designa a la ministra o ministro instructor.
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