Perú: Fiscalía reitera petición de 30 años de cárcel para Keiko Fujimori

El fiscal anticorrupción peruano José Domingo Pérez ratificó este martes 9 de julio ante un tribunal su petición para que la líder política de derecha Keiko Fujimori sea condenada a 30 años y 10 meses de cárcel por cuatro delitos presuntamente cometidos durante la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016.

La política, hija del expresidente Alberto Fujimori, enfrenta cargos por lavado de dinero y por liderar una organización criminal que recibió aportes para sus campañas electorales de 2011 y 2016, según fiscales que la investigan desde hace casi una década.

"En total, la pena concreta solicitada para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi es de 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días de multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses", detalló Pérez durante la reanudación de las audiencias del juicio oral que sigue el Tercer Juzgado Penal Nacional contra la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y otras 45 personas.

Keiko Fujimori —que actualmente lidera el influyente partido derechista Fuerza Popular— debe presentarse ante los tribunales tras el inicio del juicio en su contra, tras una larga y extensa investigación por parte de la Fiscalía. La dirigente estaba acompañada de su abogado y otros acusados en el juicio, entre antiguos funcionarios y militantes o miembros de su partido. El proceso está siendo retransmitido por televisión a millones de hogares en Perú.

Se prevé que el juicio incluya más de 2.000 testigos, entre ellos un expresidente del mayor banco de Perú, quien testificará contra Fujimori. Dionisio Romero Paoletti, presidente de Credicorp Ltd. durante más de una década hasta 2021, se dirigirá al tribunal en uno de los juicios más importantes de Perú en los últimos años, contra la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori. Credicorp donó 3,65 millones de dólares a la campaña de Fujimori en 2011.

Fujimori se ha declarado inocente y ha rechazado las acusaciones.

Al momento de especificar la acusación y la pena para cada imputado, el fiscal consideró que Fujimori debe ser condenada por el delito de organización criminal, en calidad de líder, por dolo directo y como autor directo, y por el delito de lavado de activos agravado, con autoría mediata (dominio del hecho) y material.

Durante la audiencia del martes, a la que no asistió Fujimori pero sí su abogada, Giulliana Loza, el fiscal calificó al partido de la líder política como una "organización criminal" que, según dijo, buscó "desarrollar su actividad criminal, pero sin ser sancionado".

"Están buscando impunidad, lo que establece la naturaleza propia de esta clase de organizaciones criminales que se llevan a los tribunales. Hay planificación, pero también hay ejecución", acotó. Además, por el delito de obstrucción a la Justicia agravado y por el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

Según el equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato en Perú, los presuntos aportes ilegales recibidos por el partido de Fujimori para las campañas de 2011 y 2016 ascienden a 17 millones de dólares.

Esos aportes, señala la Fiscalía, tuvieron como fuentes principales a Odebrecht y los grupos nacionales Credicorp, Rasmussen, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y el empresario Luis Calle.

Al citar los hechos vinculados con el delito de lavado de activos, entre los años 2011 y 2016, Pérez recordó que Odebrecht reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagó sobornos para financiar campañas políticas en el extranjero con sus ganancias de la corrupción.

Con información de proceso.com.mx

Tips al momento

Con comunicado, comunistas de Cuba celebran la reforma judicial de México

A través de un comunicado, el Partido Comunista de Cuba celebró la reforma judicial de México, aprobada por la aplastante mayoría de Morena.

según los comunistas de este partido, exclaman que "Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia. La Reforma Judicial que impulsó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alcanzó en tiempo récord el respaldo de los 18 congresos estatales que requería para ser promulgada, después de haber sido aprobada en la Cámara de Diputados y en el Senado, de acuerdo con reportes de Russia Today"

Le agradecen los comunistas a Tamaulipas por ser el estado 17 que logró el número que el Gobierno necesitaba para que el proyecto entrara en vigor antes de que López Obrador termine su Presidencia, el próximo 1ro. de octubre.

"La aprobación de la Reforma Judicial quizá sea el más significativo hecho que involucra a toda la nación, y que tiene en el presidente Andrés Manuel López Obrador a su mayor impulsor, dentro del proyecto de justicia social que llevó adelante.
Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.

Y concluyen "El presidente López Obrador ha reafirmado que la Reforma Judicial busca limpiar de corrupción a la justicia. Algunos sectores de la oposición, algunas ong, así como Estados Unidos, se han pronunciado contra el proyecto que ya fue aprobado".

 


Ministra Norma Piña defiende la división de poderes 

"La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional", publicó en sus redes personales acompañada de una infografía.

Controversia constitucional
¿Qué es?
Es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autó- nomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?

  • Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados
  • Los Municipios
  • El Poder Ejecutivo Federal
  • Ambas Cámaras del Congreso de la Unión
  • Órganos constitucionales autónomos federales y estatales.


¿QUIÉN Y CÓMO RESUELVE?
Tratándose de leyes resuelve el Pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconsti- tucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso.
Si sólo alcanza 6 votos (ma- yoría simple) la invalidez aplicaría solamente para las partes involucradas.
Cuando se trata de actos u omisiones resuelven las Salas de la Corte, con el voto de 3 de las 5 ministras y ministros que las integran.

¿Cómo funciona?
Una vez publicados los decretos en el Diario Oficial de la Federación:
Se presenta la demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Se designa a la ministra o ministro instructor.
Se admite o se desecha. De ser el caso, se dicta suspensión y se le avisa a la parte que la promovió.
Se fija fecha de la audiencia y se celebra.
Se contesta la demanda.
Se presenta el proyecto de resolución.
Se discute el proyecto y se emite la sentencia.
Se publica la sentencia en el DOF, para su cumplimiento.
 

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Le agradecen los comunistas a Tamaulipas por ser el estado 17 que logró el número que el Gobierno necesitaba para que el proyecto entrara en vigor antes de que López Obrador termine su Presidencia, el próximo 1ro. de octubre.

"La aprobación de la Reforma Judicial quizá sea el más significativo hecho que involucra a toda la nación, y que tiene en el presidente Andrés Manuel López Obrador a su mayor impulsor, dentro del proyecto de justicia social que llevó adelante.
Con la novedad de que ahora se permite elegir a los jueces a través del voto popular, serán los ciudadanos del país los encargados de nominar a quienes imparten justicia", agregan en el texto.

Y concluyen "El presidente López Obrador ha reafirmado que la Reforma Judicial busca limpiar de corrupción a la justicia. Algunos sectores de la oposición, algunas ong, así como Estados Unidos, se han pronunciado contra el proyecto que ya fue aprobado".

 


Ministra Norma Piña defiende la división de poderes 

"La controversia constitucional es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional", publicó en sus redes personales acompañada de una infografía.

Controversia constitucional
¿Qué es?
Es el juicio que resuelve la Corte cuando uno de los Poderes, órganos autó- nomos o niveles de gobierno consideran que una norma, acto u omisión invaden su esfera de competencia, vulnerando el orden Constitucional.
¿QUIÉN PUEDE PROMOVERLA?

  • Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Estados
  • Los Municipios
  • El Poder Ejecutivo Federal
  • Ambas Cámaras del Congreso de la Unión
  • Órganos constitucionales autónomos federales y estatales.


¿QUIÉN Y CÓMO RESUELVE?
Tratándose de leyes resuelve el Pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras voten por el proyecto de inconsti- tucionalidad que presente la ministra o ministro a quien se le asigne el caso.
Si sólo alcanza 6 votos (ma- yoría simple) la invalidez aplicaría solamente para las partes involucradas.
Cuando se trata de actos u omisiones resuelven las Salas de la Corte, con el voto de 3 de las 5 ministras y ministros que las integran.

¿Cómo funciona?
Una vez publicados los decretos en el Diario Oficial de la Federación:
Se presenta la demanda dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Se designa a la ministra o ministro instructor.
Se admite o se desecha. De ser el caso, se dicta suspensión y se le avisa a la parte que la promovió.
Se fija fecha de la audiencia y se celebra.
Se contesta la demanda.
Se presenta el proyecto de resolución.
Se discute el proyecto y se emite la sentencia.
Se publica la sentencia en el DOF, para su cumplimiento.
 

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