Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), presidente del CEN del PRI, logró que los suyos, le autorizaran modificar los estatutos del partido, para permitirle entre otros temas delicados, reelegirse él y los presidentes de los Comités Directivos Estatales hasta por 12 años de manera consecutiva, eliminando el principio que durante 95 años enarboló -Sufragio efectivo, NO reelección- y su postulado de “Democracia y Justicia Social”, así como, autorizarlo a endeudar al partido y disponer libremente de los bienes inmuebles del partido en todo el país, autorización de facto para depredar los recursos públicos que dieron origen al patrimonio partidista.
El PRI fincó su éxito entre otros, en la permanente renovación de sus cuadros y dirigentes, con fecha de caducidad; que en su narrativa utilizaba las palabras “pueblo”, “pobreza”, “desigualdad”, palabras que en el llamado “neoliberalismo” sustituyo por las de: “desarrollo”, “inflación”, “políticas públicas” y “transición democrática”. Empezó a realizar concertaciones con grupos económicos, tecnócratas y políticos conservadores, otorgándoles espacios de poder eliminando los liderazgos al interior del partido.
En vísperas de la sucesión presidencial de 1988, personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Heberto Castillo, Ifigenia Martínez, en un intento por frenar el alejamiento del gobierno y el PRI de las causas y procesos que le daban sustento, crearon primero al interior del partido una “corriente crítica”, que al no tener éxito, se convirtió en “el Frente Democrático”, convirtiéndose después en el PRD, partido que fue siendo desarticulado por el poder, hasta terminar siendo eliminado por la población al ver fue perdiendo su esencia opositora de izquierda, hasta convertirse en comparsa del PRI y el PAN en el proceso electoral del 2 de junio de 2024.
En el sexenio de Peña Nieto para llevar a cabo las llamadas “reformas estructurales” se profundizo el alejamiento del PRI y el gobierno de la sociedad, se privilegiaron las concertaciones con el poder económico nacional y extranjero, con las organizaciones civiles, políticas y clericales partidarias “del libre mercado” otorgándoles espacios de poder en la administración pública, en los congresos separándose el partido y el gobierno de sus “bases sociales”; en este proceso se profundizo también la corrupción, impunidad, inseguridad, deterioro educativo y en los sistemas de salud.
El presidente López Obrador, con su formación de “líder social”, leyó bien que “el pueblo” sentía cada día más el agravio de la desigualdad y creo un movimiento que enfrentó con éxito al régimen, que si bien generó “riqueza” y “desarrollo”, la primera no fue redistribuida y el desarrollo beneficio más a las cúpulas empresariales y políticas que al pueblo. López Obrador a partir de su narrativa basada en la desigualdad que generaba pobreza y falta de oportunidades, la corrupción e impunidad, empezó a destruir la oposición que le podían representar las cúpulas empoderadas y lo que él empezó a llamar el PRIAN.
Los “liderazgos priistas” contrarios a “Alito”, carecen de la base militante y autoridad moral que les de la fuerza para enfrentar la destrucción de lo que queda del PRI, por la sencilla razón de que son parte de “la clase política” que llego al poder con base a concertaciones y negociaciones, representaron los intereses de las cúpulas económicas y políticas, eliminaron y/o evitaron el surgimiento de nuevos liderazgos en su partido al eliminar la renovación permanente de liderazgos e incorporar en sus gobiernos a socios o miembros de grupos de interés en detrimento de quienes se habían formado políticamente en el partido.
El país necesita una oposición sólida que equilibre el poder, oposición que debe venir de los partidos políticos y no de las cúpulas del poder, al PRI solo le queda impugnar la Asamblea y los acuerdos tomados por Alito y su pandilla por dos vías:
1) Los partidos son “Instituciones de Interés Público” que reciben recursos del gobierno, por lo tanto, deben sujetarse a las disposiciones previstas en la Ley en materia de endeudamiento y enajenación de bienes, como lo hace el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y organismos públicos descentralizados, esto es, para endeudarse o enajenar bines deben solicitar y obtener la autorización del poder legislativo. Los presidentes de los partidos no tienen facultades ni el derecho de disponer de bienes públicos como lo son los de los partidos políticos.
2) Impugnar que las asambleas que designaron a los delegados, estos no fueron electos democráticamente como lo prevén los estatutos, NO EXISTIO convocatoria a la militancia.
Así las cosas.
Ricardo Rodríguez Lugo
8 de julio 2024