Guerrero, el temor ante un cogobierno delictivo

CHILPANCINGO, Gro., (Proceso).- El pueblo de Guerrero acude a una elección con una autoridad estatal replegada ante la violencia y con autoridades locales infiltradas por la delincuencia. El resultado de esta fórmula: las organizaciones criminales tienen el control de amplias zonas de la entidad y esto podría influir en los resultados del domingo 2 de junio.

“Los actores del crimen organizado en Guerrero se han colocado atrás del poder; están anunciando que van a cogobernar”, alerta el defensor de derechos humanos Abel Barrera.

En la organización de la elección también permeó el miedo. El 30 por ciento de los funcionarios de casilla electos por la autoridad electoral rechazó el cargo por temor a sufrir un ataque armado.

“Es un proceso electoral complicado porque la inseguridad ha aumentado, lo dicen las estadísticas. Las candidatas y los candidatos no hicieron una campaña libre porque los grupos criminales no lo permitieron”, afirma la consejera electoral María Antonia Ramírez Marcelino.

De junio de 2023 a la fecha son 14 aspirantes, coordinadores de campaña, candidatos y familiares cercanos los que han sido asesinados en esta entidad.

Pero el gobierno de Guerrero y el Instituto Nacional Electoral observan un ambiente óptimo: no tienen identificados focos rojos y se espera instalar el total de las 5 mil 104 casillas en el estado.

El gobierno del estado informó que 20 mil 800 efectivos de corporaciones federales y estatales vigilarán la jornada electoral del domingo.

En Coyuca nadie quiere ser candidato

Era el último día de campaña y el dirigente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, participaba en una marcha y un mitin en Chilapa, en la entrada a la región Montaña, último bastión del tricolor.

Pasaban las 6 de la tarde cuando fue notificado de lo que sucedía en otra región, en el municipio de Coyuca de Benítez.

Un joven en su silla de ruedas, manejada por otro sujeto, se coló entre una multitud y logró pasar por dos anillos de seguridad que tenía José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a alcalde del PRI, PAN y PRD, la Guardia Nacional y una escolta personal fuertemente armada.

El empresario de la construcción de 37 años estaba a punto de iniciar su mitin con el que cerraría campaña ante el pueblo que lo vio nacer, Las Lomas.

A menos de un metro, el sujeto en silla de ruedas se levantó y disparó por la espalda al candidato. Dos balazos en la nuca terminaron con sus aspiraciones.

A menos de 24 horas de la elección, en Coyuca de Benítez no había ni una persona que quisiera abanderar la candidatura a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por México.

Para el líder del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, su candidato José Alfredo Cabrera estorbó a los intereses de alguien.

Con un cierto hartazgo, dice que la carpeta de investigación que abra la fiscalía de Guerrero por el homicidio ahí va a quedar sin prosperar.

“Ya estamos enfadados de sacar posicionamientos desde que arrancó el proceso electoral. Compañeras y compañeros han sido asesinados, no solamente de la coalición, sino de otros partidos políticos”.

Dijo que antes tenían que pedir a las autoridades correspondientes que les brindaran seguridad, pero ahora los grupos armados han amenazado a planillas completas, que se han hecho a un lado.

“Candidatas y candidatos que no pudieron hacer campaña, en todo el estado, de todos los partidos políticos”.

Son 14 familias enlutadas

Desde antes de iniciar formalmente las campañas, el 29 de junio de 2023, el dirigente del partido Verde y aspirante a la alcaldía de Copala, Jesús González Ríos, fue hallado asesinado con violencia extrema. Había denunciado amenazas de la alcaldesa perredista Guadalupe García Villalva.

El 6 de agosto, en Iguala, cuando Zulma Carvajal Salgado y su esposo Humberto del Valle Zúñiga, viajaban en una camioneta para iniciar una jornada de proselitismo a favor de Morena, fueron atacados con armas de alto poder. Humberto del Valle falleció.

En Zitlala, el presidente del PAN municipal, Jaime Dámaso Solís, fue privado de la vida a balazos afuera de su domicilio el 24 de noviembre pasado. Pretendía ser candidato a alcalde.

El 21 de diciembre en Acapulco, tras registrarse en el proceso de selección para ser candidato de Morena a la presidencia municipal, Ricardo Taja Ramírez fue ultimado a balazos en un restaurante de la zona turística de la ciudad.

En 2024 las víctimas de homicidios dolosos fueron las siguientes:  

Marcelino Ruiz Esteban, exalcalde del PRD en Atlixtac y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera perredista. (24 de enero).

Alfredo González Díaz, aspirante a la alcaldía de Atoyac por el PT (3 de marzo).

Tomás Morales Patrón, exaspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa, y Antonio Crespo Bolaños, regidor del mismo partido, ambos capacitadores electorales en ese municipio (12 y 19 de marzo).

El candidato a regidor del PRI, PAN y PRD en Coyuca de Benítez, Aníbal Zuñiga Cortés y su esposa Rubí Bravo Solís (16 de mayo en Acapulco).

Arquímedes Díaz Justo, exregidor y coordinador en Marquelia de la alianza Fuerza y Corazón por México (24 de mayo).

Felipe Chávez González, coordinador de campaña del candidato de Morena a la alcaldía de Cochoapa el Grande, Albino Gómez Vázquez (26 de mayo).

José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la presidencia de Coyuca de Benítez por el PRI, PAN y PRD (29 de mayo).

El cogobierno

El director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, ha sido testigo de cómo por medio de las organizaciones criminales se ha pretendido pulverizar la lucha social y cómo han penetrado en la estructura social y política de los pueblos.

En la presente elección, dice, hay un trasfondo muy peligroso marcado por la violencia.

“Es una violencia que está creciendo, que no tiene el control. La autoridad está replegada, está entre la espada y la pared, en espera que la federación actúe. Y a nivel local hay una situación muy grave porque hay colusión entre autoridades y policías con el crimen”.

Aparte de la violencia, añade, existe esta infiltración del crimen organizado en los aparatos políticos, lo que ha derivado en una institucionalidad débil. Puso como ejemplo los atentados en actos públicos contra los candidatos en Coyuca de Benítez y Cochoapa el Grande.

“Vemos a una delincuencia empoderada que no tiene enfrente a un Estado que haga valer la ley, que pueda replegar a quienes violentan la vida de la población”.

Hay una institucionalidad totalmente debilitada e infiltrada, refuerza el antropólogo.

“Esto está dando paso a que los actores del crimen estén colocándose detrás del poder o casi anunciando que van a cogobernar”.

“Ese es el problema: el cogobierno que puede darse en Guerrero”.

En el contexto de un proceso electoral violento y al ataque contra candidatos, indica el defensor de los derechos humanos, los criminales se han enquistado en las estructuras del poder.

“Aparecen, ya sea como padrinos de candidatos como quienes están alentando ciertas candidaturas y se está jugando con fuego en las elecciones y es muy peligroso”.

—¿Después de esta elección se puede formalizar su presencia de las organizaciones criminales en los ayuntamientos, las regiones?- se le plantea.

-Ya se está confirmando. Vemos a la Tierra Caliente ya como una región narca. Habrá una recomposición no sólo de fuerzas políticas, sino de fuerzas delincuenciales.

Una reconfiguración del poder donde, advierte, en algunos municipios y regiones los grupos de la delincuencia van a tomar el control de la seguridad pública, de obra pública, tránsito, van a ser cogobierno. En ese sentido, los pactos van a extenderse en los municipios.

Esto nos lleva a un escenario de mayor violencia, miedo del lado de la sociedad, vislumbra Barrera Hernández.

Ante este escenario, el antropólogo también vislumbra una fragmentación del movimiento social, que se desdibuje una agenda de derechos humanos y que aumente la criminalización de la protesta.  

Del covid a la violencia

En los últimos dos procesos electorales, María Antonia Ramírez Marcelino ha sido consejera electoral en el Instituto Nacional Electoral (INE) en Guerrero, por eso observa que se transitó de una elección caracterizada por una emergencia sanitaria a una de mucha inseguridad y de inhibición de las campañas por parte de los grupos criminales.

En esta elección, dice, hubo un recorte del presupuesto al INE, lo que afectó en la falta de vehículos suficientes para recorridos en la ubicación de las casillas en zonas de difícil acceso, papelería y contratación de capacitadores electorales en Guerrero.

En el tema de la seguridad, agrega que hubo zonas en los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera donde consejeras del INE manifestaron sentirse inseguras.

“Se sentían vigiladas cuando acudían a verificar los lugares donde se van a instalar las casillas, pero afortunadamente se siguieron los protocolos y hubo apoyo de comisarios”.

La consejera electoral califica a este proceso electoral complicado porque la inseguridad ha aumentado.

“Lo dicen las estadísticas, la violencia ha crecido. Muchas candidatas y candidatos no hicieron una campaña libre. En algunas comunidades no se metieron precisamente porque sabían que no estaba permitido o no que podían hacer campaña”. Cita como ejemplo zonas del municipio de Chilpancingo.

Ese tema, revela, fue tratado de manera constante en reuniones de trabajo de la Junta local ejecutiva del INE en Guerrero que no fueron públicas.

“Hay mucha impunidad pues no pasa nada, aunque se denuncie, entonces sí, ahorita es la delincuencia y la violencia la característica que más sobresale porque no se hacen unas campañas libres”.

En el caso de región de La Montaña, otra característica que identificaron fue el el machismo y la violencia contra las mujeres candidatas.

“Primero, los hombres no ven bien que una mujer sea candidata, no aceptan que las mujeres puedan participar y aspirar a cargos públicos”.

En Xalpatláhuac, asegura, una de las candidatas denunció que no hizo campaña libremente. En la cabecera y algunas comunidades de plano le dijeron que las viejas no harían campaña.

Y en Iliatenco, los ataques contra las mujeres candidatas en el sentido de que no son capaces de gobernar se dan por comentarios en las redes sociales, mensajes y pintas, explica Ramírez Marcelino.

Hace dos años, María Antonia Ramírez Marcelino fue la primera mujer en la historia en buscar ser comisaria de Ocotequilla, municipio de Copanatoyac, en la Montaña de Guerrero. Lo hizo de forma independiente, sin el apoyo de las estructuras electorales del PRI, PRD y Morena.

También recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2022 de la CNDH por brindar atención a mujeres y promover su participación política.

Respecto a posibles focos rojos, recuerda que en el municipio de Tlapa hace tres años hubo robo de urnas y que en esta elección es latente este delito.

“La gente está a la expectativa de que pueda suceder sobre todo el robo de urnas, juego de urnas, donde se involucran personas extrañas o supuestos delincuentes cuando a un candidato no le favorece el voto”.

En la organización de las mesas directivas de casilla, explica, los capacitadores electorales se enfrentaron al problema de que las personas seleccionadas no estaban aceptando ser funcionarios de casilla. En todo el estado este rechazo se presentó en un 30 por ciento.

“Primero porque es todo el día, la jornada termina a medianoche; otra, no reciben ningún pago y la principal es el temor de que ellos puedan también ser agredidos en el desarrollo y al cierre del conteo de los votos”.

Focos Rojos

La suspensión de los servicios públicos, asesinatos contra transportistas o el desplazamiento forzado de personas derivados del conflicto entre organizaciones criminales se han presentado en los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Chilpancingo, lo que las convierte en focos rojos para esta elección.

Otras zonas de conflicto están en las comunidades de la sierra de Coyuca de Catalán y Petatlán, que han padecido el acecho y los ataques de La familia michoacana. Y en Coyuca de Benítez, así como en municipios de la Costa Chica y la región Norte con los últimos atentados a candidatos.

En todas estas zonas convergen dos y hasta tres organizaciones criminales que en esta elección también se juegan su futuro.

Pero para el subsecretario de asuntos políticos y sociales del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, no hay focos rojos en el estado y existen las condiciones para que la elección transcurra en paz.

“Están garantizadas las elecciones, hay presencia de personal de seguridad para que este proceso electoral sea una fiesta democrática”, dijo el funcionario en Chihihualco este jueves tras prometer a desplazados de la violencia una reunión, pero una vez que haya pasado la elección.

Con información de Proceso.