Aborto, equidad de género y violencia, los retos para la primera gobernadora de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (Proceso).– El estado vive una elección histórica: por primera vez tres mujeres compiten por la gubernatura en una entidad donde los derechos de las mujeres, como los sexuales y reproductivos o a vivir sin violencia han quedado relegados y con amplias brechas de desigualdad.

En total, Guanajuato renovará 553 cargos públicos este 2 de junio: la gubernatura, 22 diputaciones locales de mayoría relativa, 14 diputaciones de representación proporcional, 46 alcaldías, 52 sindicaturas y 418 regidurías.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, de la coalición PAN-PRI-PRD; Alma Alcaraz Hernández, de la coalición Morena-PVEM-PT, y Yulma Rocha, candidata Movimiento Ciudadano, buscan convertirse en la primera gobernadora de un Guanajuato marcado no sólo por la violencia y la inseguridad, también por la desigualdad y un panismo dominante durante los últimos 33 años.

Las tendencias en las encuestas por la gubernatura favorecen a la candidata Libia García Muñoz Ledo, quien en esta gubernatura fue secretaria de Gobierno y luego de Desarrollo Social y Humano por unos meses antes de ser postulada por el PAN. 

De la misma Secretaría de Desarrollo Social –a cargo de los programas sociales– salieron los dos anteriores candidatos del PAN a la gubernatura, Miguel Márquez Márquez (gobernador de 2012 a 2018 y actual candidato a senador) y el actual mandatario, Diego Sinhue Rodríguez.

Sin embargo, en algunas mediciones la diferencia de Libia García es de poco menos de cinco puntos porcentuales en comparación con la candidata de Morena, Alma Alcaraz Hernández, quien fue secretaria en funciones de la presidenta del partido y diputada local.

En la encuesta más reciente de México Elige, del 22 de mayo, se establece una diferencia de 0.9 puntos porcentuales con ligera ventaja para la panista: Libia García aparece con 46.8% de las preferencias y Alma Alcaraz con 45.9%; la candidata emecista, Yulma Rocha, tiene 5.4 por ciento. 

En los últimos seis años la aceptación de Morena ha crecido en el estado que el PAN ha gobernado por tres décadas. 

En la elección de 2018 Ricardo Sheffield Padilla, como candidato de Morena a gobernador, obtuvo 24.19% de los votos, mientras Diego Sinhue Rodríguez ganó holgadamente, con 49.95% de la elección. El PRI se quedó como tercera fuerza política, con 12.84% de las preferencias. 

No obstante, autoridades locales calculan que el 2 de junio próximo esas diferencias se acortarán.

De acuerdo con el estudio “Con Lupa de Género”, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), publicado en marzo de 2023, Guanajuato es el estado con las peores condiciones laborales para las mujeres, con jornadas de trabajo extensas que representan más de 48 horas semanales.

Además, es la entidad más desigual del país en términos del trabajo no remunerado. Las guanajuatenses dedican 79% más tiempo que los hombres a esas actividades.

En el estado también han quedado rezagados otros derechos para las mujeres, con una legislación en la que sigue penalizado el aborto, pese a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaran inconstitucionales las disposiciones que criminalizan el derecho de las mujeres a decidir.

El Código Penal del Estado de Guanajuato mantiene en su artículo 159 que a “la mujer que practique un aborto voluntario se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días de multa”. Aunque la SCJN garantiza que lo que indica ese artículo no procede, tendría que eliminarse del código para armonizar la ley.

La última vez que en el estado se discutió eliminar del Código Penal el delito de aborto, para evitar que se criminalice a las mujeres, fue en mayo de 2020. Aprovechando las restricciones sanitarias por la pandemia de covid-19, la Comisión de Justicia, presidida por la panista Cristina Márquez Alcalá, aceptó discutir en reuniones virtuales un cúmulo de iniciativas presentadas que se habían quedado en el olvido durante más de seis años.

Ni la participación de colectivas feministas y expertas lograron que la mayoría panista aceptara los cambios al Código Penal y, finalmente, se mandaron al archivo las propuestas.

El argumento central fue que el artículo 1 de la Constitución de Guanajuato reconoce los derechos desde el momento de la concepción.

Sin embargo, por primera vez la interrupción legal del embarazo se convirtió en un tema de agenda con tres candidatas a la gubernatura durante un foro convocado por la colectiva feminista Verde Aquelarre, para revisar las propuestas de las aspirantes.

Yulma Rocha, Alma Alcaraz y Libia García se dijeron comprometidas a garantizar la interrupción legal del embarazo en Guanajuato y a dejar de criminalizar a las mujeres.

Con el control que ha ejercido una mayoría panista en el Congreso estatal desde 1997, la redacción de las normas mantiene estereotipos conservadores.

En el Código Civil del Estado todavía se mantiene en el artículo 144 que, entre los requisitos para contraer matrimonio está “la perpetuación de la especie” y “la ayuda mutua”, sin reconocer los matrimonios homoparentales.

Hasta diciembre de 2021 el amparo era la única vía para que el Registro Civil de Guanajuato aceptara el matrimonio igualitario, pero cuando la actual candidata Libia García fungió como secretaria de Gobierno emitió una circular en la que se obliga a todas las oficinas del Registro Civil a acatar las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no se han concretado las reformas legales.

El PAN mantuvo hasta hace unas semanas a Cristina Márquez Alcalá en la Presidencia de la Comisión de Justicia. Márquez ha liderado el freno a reformas por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Para este proceso electoral, la panista busca ser diputada federal por el distrito 6 de León.

Desigualdades y una tarjeta por 12 mil pesos

Con el pretexto de mitigar la brecha de desigualdad en el ingreso, pero también como parte de la construcción de la candidatura de Libia García Muñoz Ledo, desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano el gobierno de Guanajuato creó el programa “Mujeres Grandeza”, que consiste en la entrega de dinero en efectivo vía las llamadas “Tarjetas rosa”.

El programa arrancó con el compromiso de entregar 38 mil micas, pero, ante la demanda, al cierre de 2023 las beneficiarias se habían duplicado. “Mujeres Grandeza” consiste en entregar mil pesos mensuales para apoyar su economía.

Para 2024, año electoral y con Libia García como candidata del PAN, se comprometieron del presupuesto estatal mil 500 millones de pesos para la entrega de 125 mil tarjetas. Sin embargo, en febrero –previo al inicio de las campañas–, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció una ampliación presupuestal de dos mil 100 millones de pesos para entregar otras 175 mil tarjetas para mujeres.

Así, en total, durante el año electoral el gobierno panista de Guanajuato destinó tres mil 600 millones de pesos para el reparto de 300 mil tarjetas rosas.

Durante la campaña y sin ninguna limitante, durante marzo y abril se hizo el reparto de las micas, adelantándoles el apoyo de 12 mil pesos anuales a las beneficiarias.

Al preguntarle al secretario de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Trujillo Flores, sobre el reparto masivo de tarjetas durante campañas, aseguró que no hay violación a la ley electoral.

“Todos los programas están permitidos mientras están vigentes, están apegados al marco legal; no hemos incurrido en ninguna falta, todos están en tiempo y forma en el cumplimiento. En éste se deposita el dinero, pero igual estamos trabajando en pintas, en el concreto, en el alumbrado, en las banquetas, en todas las acciones que tienen que ver con el beneficio de las personas”, explicó Trujillo Flores.

El reparto de la Tarjeta rosa ha sido denunciado por Morena y por Movimiento Ciudadano, sin que al momento se haya emitido ninguna medida por parte de las autoridades electorales.

Incluso, la crítica al reparto de los apoyos en efectivo para las mujeres en pleno proceso electoral llegó a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se debe de permitir eso y está prohibido en la Constitución, en la ley, muy claramente y hay que denunciarlo, el voto tiene que ser libre, las elecciones limpias y libres, no fraude; que cada ciudadano vote por lo que le dicte su conciencia, y si los están hostigando mucho, que digan que sí, una mentira piadosa, pero que no olviden que el voto es secreto”, dijo el mandatario el 13 de mayo último.

Pese a las críticas y denuncias, la candidata del PAN-PRI-PRD sostiene como una de sus propuestas de campaña el extender el programa social para todas las mujeres de Guanajuato. En el estado hay más de dos millones de mujeres mayores de 18 años.

Violencia, otro reto para la próxima gobernadora

Además de las desigualdades sociales, la próxima gobernadora tendrá que enfrentarse a la crisis de seguridad pública que Guanajuato padece y lo mantiene como uno de los estados más violentos del país.

Ante el fracaso en las estrategias de seguridad que han implementado los panistas en los últimos dos sexenios, operados por el secretario de Seguridad estatal, Alvar Cabeza de Vaca, y el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, las candidatas a la gubernatura han adelantado que, de ganar la elección, ambos funcionarios quedarán fuera de sus cargos.

La propia Libia García Muñoz Ledo arrancó su campaña con el anuncio de que no va a ratificar en el cargo a Alvar Cabeza de Vaca y que va a impulsar la salida de Carlos Zamarripa Aguirre, aunque el encargo de éste en la fiscalía estatal termina en 2027. A ambos ya comunicó su decisión, según ha declarado la panista.

Desde Palacio Nacional, López Obrador ha presionado públicamente al gobernador Rodríguez Vallejo para que remueva al fiscal Zamarripa, a quien responsabiliza de la violencia en el estado, pero el mandatario local ha mantenido su defensa al trabajo que ha hecho Carlos Zamarripa Aguirre desde 2009, cuando fue nombrado procurador de justicia.

Sin explicar cómo lo van a conseguir, Yulma Rocha y Libia García firmaron un compromiso ante el sector empresarial del estado para disminuir durante los primeros tres años de gobierno en un 50% los homicidios dolosos en la entidad, para luego seguir con la reducción en 10% anual hasta terminar el sexenio.

La única en no firmar el compromiso que presentó el sector empresarial fue Alma Alcaraz Hernández. La candidata de Morena-PVEM- PT decidió cancelar de último minuto su participación en el debate donde se pactaron los compromisos.

Las campañas electorales también han estado marcadas por la violencia causada por la delincuencia organizada: el primer día de proselitismo para los ayuntamientos, por ejemplo, fue ejecutada Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya. 

El 22 de mayo último, a poco menos de dos semanas de la jornada electoral, fue asesinado Pedro Trejo Núñez, papá del candidato de Morena a la alcaldía de Tarimoro, Saúl Trejo Rojas.

Junto al padre del candidato también fue asesinado Roberto Carlos Cabrera, también militante de Morena; ambas víctimas recibieron varios disparos por arma de fuego cuando se encontraban en el centro de Tarimoro junto a Pedro Trejo.

Hasta el momento la Fiscalía de Guanajuato no ha informado sobre detenciones o el posible móvil del doble crimen.

Con información de proceso.com.mx