Reforma a la Ley de Amnistía: ¿Justicia o impunidad?

Como mencioné en mi artículo de la semana pasada en este medio y en otros foros donde se me permite compartir mis opiniones, me preocupa profundamente el curso que están tomando ciertas iniciativas en el Congreso de la Unión, particularmente aquellas relacionadas con la Ley de Amnistía.

Debo decir que, en mis pensamientos más nobles, asumo esta iniciativa como una buena intención, esas de las que dicen… está lleno el infierno; o que ya de “a tiro” venga desde la ignorancia constitucional y ya…. Por eso, es crucial distinguir entre amnistía e indulto y conocer de paso, que existen facultades exclusivas para cada poder, mismas que no son delegables salvo los casos previstos por la misma carta magna. 

Ya creyendo lo peor, no quisiera NI PENSAR que esta sea una petición especial se Claudia para Corral, su nueva fichita, para dejarle aplanado el terreno y que vuelva hacer lo que hizo en Chihuahua pero ahora en todo el país: armar carpetas, extorsionar, torturar y finalmente obligar a firmar declaraciones a modo y bajo presión para después, una vez cumplido su objetivo: dejarlos en libertad.

La política de amnistías propuesta por el gobierno actual ha generado una gran preocupación entre la ciudadanía mexicana, y con TODA la razón. Liberar a delincuentes, buscando matizarlo con otras cuestiones y otorgarles el perdón presidencial absoluto sin un proceso judicial justo y ante las autoridades facultades para tales efectos, es un grave error que golpea en la confianza en nuestras instituciones y pone en peligro la seguridad de todos y de todas.

Imaginemos si esta propuesta se hubiera planteado durante los gobiernos de Calderón, Peña Nieto, o cualquier otro régimen distinto al actual: habría sido adoptada como estandarte político por la izquierda. 
La misma "izquierda" que en solo 5 años en el poder ha dejado de lado sus principios más arraigados, como los derechos de las víctimas. Ahora visualiza esta iniciativa en el contexto de casos como Odebrecht o García Luna: habría desatado una furia incendiaria, se habría despotricado sin cesar.

Lo que estamos presenciando es una peligrosa concentración de poder en manos del ejecutivo, que recuerda más a los dictadores que a los líderes democráticos de la historia mundial. 

Con esta iniciativa, se pretende relegar el papel de los jueces y magistrados en la administración de la justicia, erosionando así la independencia del sistema judicial y el Estado de derecho. Es decir, la antesala de los regímenes más autoritarios que nuestra historia ha visto. Así mueren las democracias.

Es alarmante ver cómo se intenta politizar decisiones que deberían ser exclusivas del ámbito judicial, mientras se ignora por completo a las víctimas y se le niega el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y sobre todo: la garantía de no reparación. Esta medida no contribuye en absoluto a la construcción de la paz y la reconciliación en nuestro país, sino que favorece la impunidad.

Esto es inaceptable e indefendible en un estado de derecho y debe ser rechazado por todos los sectores de la sociedad. La función del poder ejecutivo es aplicar y cumplir las leyes, no determinar quién es responsable penalmente y quién no. Esa es tarea de los jueces y juezas, y debemos defender la independencia del poder judicial frente a cualquier intento de concentración de poder.

Lic. Mario Sías