El matrimonio entre el poder político y el económico

Dicen acertadamente por ahí que el que nada debe, nada teme. Bajo esta misma línea de razonamiento, los políticos, como servidores y figuras públicas, debemos obedecer al máximo bienestar de las y los mexicanos, así como estar abiertos al escrutinio y crítica pública con independencia de la jerarquía del cargo que ostentamos y del fuero que se nos otorga. Pues dichos conceptos, a menudo, abonan a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información; y del mismo modo, mitigan el uso faccioso del poder y las prácticas de corrupción, problemáticas medulares dadas en la clase gobernante de nuestro país.

Los denominados “conflictos de interés” surgen de situaciones en las que el ejercicio de un funcionario público se encuentra indebidamente influenciado por intereses particulares, por lo usual de tipo económico o personal. En nuestro estado, podríamos citar una multiplicidad de hitos coyunturales en los que gobernantes han favorecido el negocio, el compadrazgo o la familiaridad a costa de dañar la hacienda pública de los chihuahuenses.

El primer caso al que citaremos corresponde a Mario Rodríguez Saldaña, diputado local y suplente de Mario Vázquez, quien ha sido arropado cálidamente y protegido por la bancada panista pese al sospechosismo a partir del que debería ser contemplado. De este personaje se destaca la adjudicación de un contrato por $155 millones para construir el Hospital de Ginecoobstetricia de Hidalgo del Parral, otorgado a la empresa de su esposa e hijos, la cual fue creada apenas un año antes de la asignación del contrato. ¿Lo peor de todo? Aunque el hospital ha sido anunciado con bombo y platillo, aún no es entregado, y el plazo para su construcción venció el 14 de enero de 2024 de acuerdo con las cláusulas especificadas en el contrato.

El segundo caso es la de la propia titular de la administración estatal, Maria Eugenia Campos Galván, misma que ha hecho pública su relación con el empresario Victor Manuel Cruz Russek, quien cuenta con múltiples negocios en el ramo automotriz, en particular la identificada como Grupo CR3, que aglomera a las distribuidoras Vol, Automotores Tokio y Tu Mejor Agencia Automotriz. 

Respecto al concepto de vehículos y equipo terrestre, el Gobierno del Estado ha firmado 210 contratos con 83 proveedores, de ellos la mayoría cuenta con solo un contrato. Sin embargo, resaltan: Automotores Tokio con 29 contratos por $95,753,931; Tu Mejor Agencia Automotriz con 34 contratos por $103,131,360 y Vol Automotriz con 2 contratos por $1,699, 508.

De octubre de 2021 a febrero 2024, el conglomerado ha facturado al Gobierno del Estado más de 200 millones de pesos, el 31% de los contratos. Otro dato interesante, además de la absurda concentración de contratos en tres empresas, es que del total de los contratos celebrados en el ramo, 159 han sido por adjudicación directa y únicamente 51 por proceso de licitación. Estas mismas empresas, para 2021, tenían pocos o ningún contrato celebrado con el gobierno estatal. No obstante, en los últimos tres años dichos contratos han aumentado sin parangón.

De esta situación se desprende una detección de riesgos, de licitaciones dirigidas, tráfico de influencias y conflicto de interés. Frente al legítimo cuestionamiento (y ante la escasez de defensa), el panismo reaccionó acaloradamente argumentando “Violencia Política en Razón de Género” hacia la gobernadora, una figura diseñada para proteger a las mujeres en cargos públicos pero que es cada vez más desvirtuada y frivolizada por políticos y políticas que no se interesan y que, es probable, jamás se interesen en su significado. No me refiero exclusivamente a los diputados locales del PAN, sino al propio Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien catalogó a los cuestionamientos como una “invasión a la vida personal de la gobernadora”.

Será que quizá la clase política panista habrá normalizado a conveniencia el ligar el poder político con el poder económico y con los empresarios, y hacer de las arcas públicas un negocio donde sólo ellos roban y ganan a manos llenas. Tal vez a la clase política panista ya se les olvidó que las mujeres, funcionarias públicas, también estamos obligadas a responder por nuestro actuar político y que un género no determina capacidad ni potencial para incurrir en determinadas conductas, buenas o malas.