En 2012 los integrantes de una banda de presuntos secuestradores fueron detenidos en Toluca, Estado de México, a quienes las autoridades acusaron de diversos plagios y varios delitos más, entre quienes se encontraba Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la precandidata a la presidencia dela República por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz.
Es por esto que, desde hace más de 11 años, la hermana menor de la panista se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra a la espera de ser procesada desde hace más de una década, pues aun se encuentra en prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, Xóchitl Gálvez se ha deslindado de cualquier actividad criminal que pudieran haber realizado sus familiares, además de asegurar que su hermana ya no debería se procesada, pues el tiempo que ha pasado en prisión sin una sentencia ya ha sido lo suficiente, pues asegura que podría haber sido inculpada por ser la pareja de Rivero Martínez, líder de la banda de secuestradores.
Por otra parte, las investigaciones realizadas por las autoridades señalan que Malinali Gálvez podría haber tenido una participación en algunos de los secuestros perpetrados por la banda criminal, pues la han acusado de “poner” a las víctimas, pues debido a los nexos políticos de su familia, podría haber señalado a personajes para que posteriormente fueran secuestrados.
“Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito”, fueron las palabras de Xóchitl Gálvez después de enterarse de su detención en 2012, ante lo cual diversos colegas de la legisladora expresaron su apoyo.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Xóchitl Gálvez dio a conocer en junio pasado que las autoridades ya están revisando el caso de su hermana tras 11 años en prisión, pues existe la posibilidad de que las autoridades judiciales le otorguenprisión domiciliaria y pueda seguir con su proceso fuera de la cárcel.
Información de MVS Noticias.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
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Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.