En 2012 los integrantes de una banda de presuntos secuestradores fueron detenidos en Toluca, Estado de México, a quienes las autoridades acusaron de diversos plagios y varios delitos más, entre quienes se encontraba Malinali Gálvez Ruiz, hermana de la precandidata a la presidencia dela República por el PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz.
Es por esto que, desde hace más de 11 años, la hermana menor de la panista se encuentra en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se encuentra a la espera de ser procesada desde hace más de una década, pues aun se encuentra en prisión preventiva oficiosa.
Al respecto, Xóchitl Gálvez se ha deslindado de cualquier actividad criminal que pudieran haber realizado sus familiares, además de asegurar que su hermana ya no debería se procesada, pues el tiempo que ha pasado en prisión sin una sentencia ya ha sido lo suficiente, pues asegura que podría haber sido inculpada por ser la pareja de Rivero Martínez, líder de la banda de secuestradores.
Por otra parte, las investigaciones realizadas por las autoridades señalan que Malinali Gálvez podría haber tenido una participación en algunos de los secuestros perpetrados por la banda criminal, pues la han acusado de “poner” a las víctimas, pues debido a los nexos políticos de su familia, podría haber señalado a personajes para que posteriormente fueran secuestrados.
“Estoy viviendo la peor pesadilla de mi vida, lo único que les puedo decir es que yo no he cometido ningún delito”, fueron las palabras de Xóchitl Gálvez después de enterarse de su detención en 2012, ante lo cual diversos colegas de la legisladora expresaron su apoyo.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Xóchitl Gálvez dio a conocer en junio pasado que las autoridades ya están revisando el caso de su hermana tras 11 años en prisión, pues existe la posibilidad de que las autoridades judiciales le otorguenprisión domiciliaria y pueda seguir con su proceso fuera de la cárcel.
Información de MVS Noticias.
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan