Minería afecta a 15 millones de hectáreas según la 4 T
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Minerales (Semarnat) de México denunció este viernes que la minería afecta negativamente a 15 millones de hectáreas de 5 mil núcleos agrícolas, por lo que defendió la reforma del Gobierno para restringir esta actividad.
Por los daños de esta industria, la Semarnat contabilizó que las comunidades se han opuesto al menos a 169 proyectos entre 2013 y 2018, según un comunicado.
La secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, advirtió del “impacto ambiental que esta actividad ha generado por residuos mineros o jales y que contaminan el aire, el agua y el suelo en perjuicio de las poblaciones que están alrededor”.
Aunque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, no ha entregado nuevas concesiones mineras, la Semarnat reconoció que desde 1992 se otorgaron 65 mil 534 concesiones para exploración y explotación minera.
Esto implica más de 117 millones de hectáreas, lo que representa cerca del 60 % de más de 195 millones de hectáreas del territorio nacional, detalló.
“El país debe contar con un marco jurídico que responda a la impostergable necesidad de dar al sector ambiental herramientas legales con las cuales se pueda defender, de manera efectiva, los recursos naturales y salvaguardar el bienestar de las comunidades”, enfatizó Albores.
La secretaria de Medio Ambiente hizo estas declaraciones en la Cámara de Diputados para defender la reforma que propuso López Obrador a la Ley Minera para que el Gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios.
La legislación también acortaría la duración de los permisos de las minas de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.
Además, prohibiría la explotación de minerales o sustancias, y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
La Cámara Minera de México (Camimex) ha argumentado que la reforma afectaría a un sector que invierte más de 4 mil millones de dólares al año con 406 mil empleos directos y que representa 2.5 % del producto interior bruto (PIB).
La legislación sacudiría la minería de México, el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre, según la agencia Moody’s.
Pero la Semarnat defendió que “se trata de una iniciativa que permitirá al Estado mexicano recuperar su rectoría como guardián del derecho humano a un medio ambiente sano”.
Con información de
massinformacion.mx
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Otra vez Sheinbaum en defensa de Garduño
La presidenta Claudia Sheinbaum, esta mañana en su rueda de prensa, volvió a defender la permanencia de Francisco Garduño, al frente del Instituto Nacional de Migración, al reiterar que el organismo está en un periodo de transición, en el contexto de un tema muy delicado como es el de Migración.
Según dijo la presidenta, hay una experiencia en los equipos y no se quiere que se pierda, por eso se tiene este proceso de transición, del cual no señaló fecha de conclusión.
Sin dar más razones de peso o detalles de lo que se hace, dijo, que es para que no haya una falta de coordinación con el nuevo equipo.
Entonces, apuntó, hay un periodo de transición largo, mientras se conectan todos los procesos y al mismo tiempo, se trabaja una reforma integral del Instituto Nacional de Migración.
Sin dar una fecha definida sobre cuándo entraría al relevo Sergio Salomón, en lugar de Francisco Garduño, solo dijo que hay una transición en este organismo para que no se pierda información importante, que tiene en este momento el Instituto Nacional de Migración.
Lo anterior, según se ha dicho, es solo el manto protector que se ha extendido desde la 4T, a quien ha sido señalado como el responsable de la muerte de 40 migrantes y lesiones a otros 27, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023. Por lo pronto, el viernes pasado, a Francisco Garduño, se le decretó la suspensión condicional del proceso penal que se lleva en su contra.
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