El diputado del PRI, Edgar Piñón Domínguez propuso reforma al artículo 27 de la Constitución Federal para que se eleve a rango constitucional la gestión del agua como una responsabilidad de la nación, compartida entre Federación, Estados y Municipios con la participación de productores agrícolas y ciudadanos, bajo el principio de deliberación democrática.
Recordó que varios municipios del Estado de Chihuahua, todos ellos con gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional promovieron controversias constitucionales con motivo de las órdenes del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador de disponer del agua almacenada en la presa “La Boquilla” para pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.
Aclaró que no se trata de la omisión legislativa, sino establecer un principio democrático en la gestión del agua, como un recurso de la nación, en donde ciudadanos converjan a través de los distintos niveles de gobierno y de forma directa, con participación de todos los sectores productivos en el uso de los recursos hídricos, de forma equitativa, proporcional y justa, que garanticen la sustentabilidad de las actividades humanas que requieren del vital líquido.
“El sistema de gestión que encabeza el Ejecutivo Federal por mandato constitucional es una facultad delegada de la nación, en la que se debe dar participación efectiva a la sociedad misma.
Incorporado el principio democrático de gestión del agua en cumplimiento de la sentencia de la corte se debe convocar a foros públicos, para que ciudadanos y productores participen de forma temática en propuestas concretas:
Es necesario introducir el principio democrático de gestión del agua para que se legisle con una visión derecho humanista, en donde se conciba la gestión hídrica como una corresponsabilidad de los gobiernos federal, estales y municipales, compartida con la sociedad, en donde el eje sea el uso sustentable del agua en beneficio de todos.