Advierte Ecuador golpe de estado por indígenas

QUITO, ECU.- El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso sostuvo ayer que el líder indígena Leonidas Iza, que encabeza las protestas que ya han dejado cuatro muertos, busca dar un golpe de Estado y advirtió que usará todas las herramientas legales para contener la violencia que han desatado las manifestaciones.

“Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en Ecuador”, dijo Lasso.

Poco después del mensaje presidencial, las protestas recrudecieron. Equipos policiales antidisturbios arremetieron con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras sobre los manifestantes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas convocó al paro nacional para exigir al Gobierno la reducción del precio de la gasolina de 2.55 a 2.10 dólares el galón, mayor presupuesto para la educación y la salud, entre otros.

Por otra parte, los legisladores opositores, afines al exmandatario Rafael Correa, iniciaron el procedimiento para pedir la destitución de Lasso, al que acusan de no haber podido enfrentar los graves problemas que atraviesa Ecuador.

Tomado de Vanguardia

Con información de AP

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Desaparición forzada y el malestar del Gobierno

Sin duda, lo anunciado recientemente por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, de un procedimiento especial para investigar la desapariciones forzadas en el país, está levantado ámpula en México y ha generado diversas reacciones y en todos los niveles, así como molestia en el Gobierno.

Así, se han tenido expresiones en contra de esa resolución, desde el senado de la República en la voz del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, además de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, incluso, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que esto esté sucediendo en el país, pues no hay desaparición forzada por el Estado, según lo expuso en su “mañanera”, al relacionar el delito a los grupos criminales.

Pese al rechazo oficial, se ha insistido desde el organismo internacional que, la desaparición forzada, no solo es de parte del Estado, también lo es de grupos de la delincuencia, si esta actúa con la autorización, incluso, con la inacción o abstención del Estado ante una violación a derechos humanos y por eso, dicen, el señalamiento.

Las cifras sobre personas desaparecidas y no localizadas en México han tenido variaciones y ahora se habla de 124 mil 263 , según lo adjudican al Registro Nacional. Al respecto se ha dicho que el 40%, de los casos se habrían registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo al que también se le contabilizan casi 200 mil homicidios dolosos.

El anuncio del Comité de Desapariciones  Forzadas, dependiente de la ONU, así como lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán ,Jalisco, dicen, pudiera haber hecho cambiar la actitud del gobierno  de la presidenta Sheinbaum, para aceptar recibir y reunirse, a través de la Secretaría de Gobernación, con los diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Por cierto, aún falta que la presidenta informe, como lo ofreció, las cifras de de desaparecidos, cuando se le cuestionó el descenso en homicidios que ha venido señalando, estadística de la que se dijo, se le estarían restando víctimas para colocarlas como desapariciones. Habrá que ver lo que se diga, según comentan.

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Sin duda, lo anunciado recientemente por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, de un procedimiento especial para investigar la desapariciones forzadas en el país, está levantado ámpula en México y ha generado diversas reacciones y en todos los niveles, así como molestia en el Gobierno.

Así, se han tenido expresiones en contra de esa resolución, desde el senado de la República en la voz del presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, además de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra, incluso, de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó que esto esté sucediendo en el país, pues no hay desaparición forzada por el Estado, según lo expuso en su “mañanera”, al relacionar el delito a los grupos criminales.

Pese al rechazo oficial, se ha insistido desde el organismo internacional que, la desaparición forzada, no solo es de parte del Estado, también lo es de grupos de la delincuencia, si esta actúa con la autorización, incluso, con la inacción o abstención del Estado ante una violación a derechos humanos y por eso, dicen, el señalamiento.

Las cifras sobre personas desaparecidas y no localizadas en México han tenido variaciones y ahora se habla de 124 mil 263 , según lo adjudican al Registro Nacional. Al respecto se ha dicho que el 40%, de los casos se habrían registrado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo al que también se le contabilizan casi 200 mil homicidios dolosos.

El anuncio del Comité de Desapariciones  Forzadas, dependiente de la ONU, así como lo ocurrido en el rancho Izaguirre en Teuchitlán ,Jalisco, dicen, pudiera haber hecho cambiar la actitud del gobierno  de la presidenta Sheinbaum, para aceptar recibir y reunirse, a través de la Secretaría de Gobernación, con los diferentes colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Por cierto, aún falta que la presidenta informe, como lo ofreció, las cifras de de desaparecidos, cuando se le cuestionó el descenso en homicidios que ha venido señalando, estadística de la que se dijo, se le estarían restando víctimas para colocarlas como desapariciones. Habrá que ver lo que se diga, según comentan.

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