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Serie expone la violencia de género en México

La violencia de género en México es un asunto serio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado 564 presuntos feminicidios en el país. Ante este contexto, el pasado 17 de septiembre se estrenó la serie No fue mi culpa: México, la cual busca visibilizar el machismo que sufren las mujeres.

“La fuerte impronta femenina de este show se evidencia en los relatos y en la presencia de mujeres detrás de cámara, nucleadas en un talentoso equipo de directoras, guionistas, compositoras y más profesionales de la industria audiovisual que aportaron sus miradas sensibles y personales a la historia”, mencionó Disney Company -quien es la casa productora- en un comunicado.

La serie es transmitida por la plataforma Star Plus y el equipo que está detrás está mayoritariamente conformado por mujeres. En dirección se encuentra Ana Lorena Pérez Ríos, Lucía Gajá y Julia Rivero, la dirección corre a cargo de Ximena Amann y el guión por Ana María Parra Vázquez, Emi Salde, Alicia Flores y Dariela Pérez.

Inspirada en la historia real de diez mujeres, este programa, con capítulos de 45 minutos cada uno, pretende mostrar distintos tipos de violencia machista que las mujeres deben enfrentar en su día a día. Así como la lucha que cada una de ellas irá realizando para tener una vida digna o encontrar justicia.

Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su Tercer Informe de Gobierno que los feminicidios en México han aumentado 13% durante el último año; sin embargo, existen otros tipos de violencias contra las mujeres que han alcanzado cifras históricas durante su mandato.

AMLO mencionó que el aumento de feminicidio se debe a que “antes no se clasificaba como ahora”, aunque la tipificación del delito de feminicidio entró en vigor desde 2012 y actualmente está estipulado en Artículo 325 del Código Penal Federal. Según esa disposición, una persona comete un feminicidio cuando prive de la vida a una mujer por razones de género y a quien ejecute este delito tendrá una sentencia de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa.

Respecto al reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), que hizo corte el 31 de julio de 2021, se confirma el incremento de la violencia contra las mujeres durante el sexenio en curso. En diciembre de 2018, cuando AMLO arribó al poder, se registró la cifra más alta desde que se contabilizan los casos en el país con 98 feminicidios y, el segundo dato histórico fue en mayo de 2021 con 97.

Los estados con más índices de violencia por delitos de feminicidio son: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sonora y Nuevo León.

Los delitos de violencia de género dentro del ámbito familiar alcanzaron su máxima estadística dentro de los últimos siete años durante el mes de septiembre de 2020 con un total de 400 denuncias. Y en enero pasado se presentaron 291 acusaciones, mientras que en marzo fueron 392, el registro más alto de este año.

Con información de Infobae

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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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