La vicepresidenta de la Alianza Mexicana de Abogados, Marisela Sáenz Muriel, informó que se presentó demanda en contra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador., ante tribunales internacionales por su injerencia en las instituciones de procuración de justicia, coartando los principales derechos humanos, que son la vida y la seguridad jurídica.
La denuncia se presenta ante el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Organización de las Naciones Unidas, Organización de los Estados Americanos, Centro de Información de Naciones Unidas, Derechos Human Rights, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Derechos Humanos en América Latina y Centro de Derechos Humanos de Nuremberg.
Se informa que el actuar del Presidente ha sido contrario a la propia Constitución Política de los Estados Mexicanos y de los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano de los cuales se forma parte.
Entre las violaciones que señala la abogada juarense son a la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal con penalidad de cinco a cuarenta años por actos en contra de la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero...
Agregan que los funcionarios públicos encargados de la investigación, persecución, impartición y administración de la justicia, no gozan de libertad para ejercer sus funciones ya que se encuentran total y absolutamente sometidos y subordinados al presidente.
Asimismo que las fiscalías encargadas de la investigación de los delitos, se encuentran totalmente desmanteladas, carentes tanto de material utilitario, instrumental, humano, de equipamiento, de armamento, de lo más mínimo indispensable para realizar su trabajo y así poder investigar y llevar ante un juez a quien comete un delito para que enfrenten la justicia y de este modo combatir frontalmente a tan poderosas bandas o carteles criminales.
Advierten que tales situaciones son originadas y producidas, por el actual Presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, unas por su notoria ignorancia, prepotencia o negligencia y otras devienen de su mala intención, con todo el propósito de que así permanezcan y sigan sucediendo, “todo lo cual implica que carezcamos de instancias legales a dónde acudir a denunciar los hechos delictuosos que a diario sufrimos la mayoría de los ciudadanos, ya que si osamos comparecer a denunciar ante las autoridades encargadas, corremos graves riesgos legales, físicos e inclusive la muerte o la desaparición forzada, por el tan solo hecho de referirlos o mencionar que fuimos víctimas de tal o cual ilícito”.
Refieren que las denuncias ante las instancias encargadas de perseguir e investigar los delitos o ante las que imparten justicia, violan el derecho humano y fundamental como es el de acceso a la justicia y seguridad jurídica, ante tales situaciones se recurre a solicitar ayuda internacional por conducto de todos los organismos encargados de velar que se respeten los Derechos Humanos.
Por ello solicitan que se determine el incumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por parte del Estado Mexicano, donde quede de manifiesto y más que acreditado que Andrés Manuel López Obrador, por omisión, negligencia, capricho, incapacidad, ocurrencia, ha dejado de respetar la propia Constitución y los Tratados Internacionales al violentar sistemáticamente los Derechos Humanos y Fundamentales, dándose cuenta la comunidad internacional de su responsabilidad.
“Las violaciones se hacen consistir en actos por acción y omisión de diversa naturaleza, desde aquéllos cometidos en ejercicio de la función administrativa, actuaciones o resoluciones judiciales e incluso leyes”.