En días pasados se dio a conocer que al día de hoy 16 de julio de 2021, el Gobierno del Estado de Chihuahua sigue sin aclarar distintas observaciones o irregularidades detectadas en el manejo de su hacienda pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación, las cuales significan más de 100 irregularidades por más de 8 mil millones de pesos, por lo que el diputado Omar Bazán solicitó dar vista a la Fiscalía General de la República.
Fundo esta denuncia en las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:
En días pasados se dio a conocer que al día de hoy 16 de julio de 2021, el Gobierno del Estado de Chihuahua sigue sin aclarar distintas observaciones o irregularidades detectadas en el manejo de su hacienda pública por parte de la Auditoria Superior de la Federación, las cuales significan más de 100 irregularidades por más de 8 mil millones de pesos.
Iniciando en 2019 El Gobierno del Estado de Chihuahua, en el ejercicio de los recursos, incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de servicios personales, en incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Educación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Manual de Procesos y Procedimientos MDP (Módulo de Movimiento de Personal, por lo cual la Auditoria Superior de la Federación detecto un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 83,809.9 miles de pesos, por la aplicación de recursos del fondo para pago de personal que no acreditó haber realizado funciones destinadas a la educación básica y normal, durante la licencia sin goce de sueldo, posteriores a bajas, con cargos de elección popular o de identificados como decesos.
Por dicha observación se promovió ante la Secretaría de la Función Pública del Estado la aplicación de sanciones a los servidores públicos que incumplieron disposiciones en su actuación.
Tan solo en el año 2018 en el ejercicio de cinco fondos federales no se pudieron aclarar más de 7 mil millones de pesos, los cuales destacan rubros como gastos sin justificar, compras de insumos médicos que no se encuentran en operación, subejercicios y pagos extemporáneos que no pudieron ser solventados por las instituciones estatales.
Si bien en su momento se dio vista a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua para que investigue, es importante que se den a conocer los resultados de la investigación propia y en su caso conocer si existen responsabilidades administrativas y daños a la hacienda pública.
La misma Auditoria Superior de la Federación en su informe señala que “En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas 2018, apegada a la normativa que regula su ejercicio”, además de presentar “En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Chihuahua incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de control interno, registro e información financiera de las operaciones, ejercicio y destino de los recursos y adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Destacan por su importancia la compra y no uso de equipo médico para el hospital infantil, incluso se informó a la Secretaría de la función pública del expediente EPI046-2020-SFP-DGII-669-DE-GF en el cual se inicia un procedimiento que determine la posible comisión de responsabilidades administrativas.
De igual manera destacan:
Recursos sin aclarar (con 83.8 millones de pesos) correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, por pagos irregulares a personal no dedicado a la enseñanza, dado de baja por defunción y de centros educativos no registrados.
La transferencia por parte de La Secretaría de Educación y Deporte por más de 34 millones de pesos etiquetados dentro del programa ETC a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua para “apoyos económicos al personal, mediante cheques emitidos los días 28 y 29 de marzo de 2019”. El dinero, aunque fue reintegrado, se hizo a una cuenta distinta a la del programa, explica la ASF, por lo que la SFP inició el procedimiento para fincar responsabilidades.
24 millones 727 mil 349 pesos sin aclarar correspondientes a Recursos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional.
Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 18 millones 918 mil 918 pesos… por pagar ocho proyectos de obras realizadas con recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional 2018, sin disponer de la documentación justificativa del gasto”.
El informe de la Auditoria Superior de la Federación concluye aun de manera más preocupante señalando que “No se informó a las instancias superiores sobre el estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos”, por lo que debe ser menester de esta Legislatura solicitar al Poder ejecutivo del Estado nos informe sobre dicha situación que guarda las observaciones por parte de la auditoria superior de la Federación del Periodo señalado entre 2017 - 2019.
Al haberse distraído de su objeto, dinero y valores que fueron recibidos por el Gobierno del Estado de Chihuahua y haber quedado enterado de ello de forma directa y personal el Gobernador Javier Corral Jurado, sin haber investigado y sancionado a sus subordinados es responsable directo del delito de peculado previsto en al artículo 270 fracción I del Código Penal del Estado, en donde el bien jurídico tutelado es la administración de los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, independientemente de su origen, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados:
Artículo 223.- Comete el delito de peculado:
Artículo 270.
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a quinientos días multa, al servidor público que:
I. Disponga o distraiga de su objeto, dinero, valores, inmuebles o cualquier otra cosa, si los hubiere recibido por razón de su cargo; o
Incluso es de señalarse que la Ley General de Responsabilidades Administrativas conforme al artículo 48 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua, cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley y aunque esto se refiere a la responsabilidad administrativa, por mayoría de razón en materia de responsabilidad penal.
Con fundamento en los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales presenta formal denuncia en contra del Gobernador del Estado de Chihuahua, Licenciado Javier Corral Jurado y/o quienes resulten responsables por la comisión del posible delito de peculado previsto en el artículo 270 fracción I del Código Penal del Estado y/o los que resulten de los hechos que denuncio:
Señala que se requiere la revisión exhaustiva de las cuentas públicas, he tenido conocimiento de la probable existencia de la comisión de hechos que pueden ser constitutivos de delitos, por lo que con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me veo obligado a denunciarlos inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole los datos que tuviere:
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.