EU elimina de su lista negra a ex esposa e hijos de Caro Quintero
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos eliminó de su lista de lavadores de dinero a la primera esposa del capo Rafael Caro Quintero, María Elizabeth Elenes, sus hijos y empresas asentadas en los estados de Jalisco y Sinaloa.
A través de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), el Departamento del Tesoro informó que retiró de la lista de personas especialmente designadas a Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio, Mario Yibrán o Gibrán Caro Elenes, quienes fueron ingresados hace casi ocho años por su presunta participación en el blanqueo de activos, a través de la creación de empresas de giros diversos.
También fue incluido Juan Carlos Soto Ruiz, presunto prestanombres de Rafael Caro Quintero, prófugo de la justicia.
En octubre de 2013, el gobierno de Estados Unidos detectó 20 empresas ligadas a Caro Quintero, las cuales fueron incluidas en la lista negra.
Un medio nacional publicó en 2019 que cuando estuvo preso Rafael Caro Quintero, su círculo íntimo de familiares y amigos crearon una red empresarial de al menos 30 compañías.
Todos los negocios, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, fueron dedicados a los sectores inmobiliario, de distribución de combustible, explotación minera, concesionaria de autos nuevos y usados, servicio en casetas telefónicas, restaurantes, moda y calzado, hasta productos de belleza y spa.
En noviembre del año pasado, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) colocó a Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, en el primer lugar de la lista de los diez fugitivos más buscados.
La agencia antidrogas ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero, prófugo de la justicia, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad.
La DEA lo requiere por el asesinato del agente federal, Enrique Camarena, y por los delitos de secuestro, posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína.
Según autoridades mexicanas, Caro Quintero disputa el liderazgo del cártel de Sinaloa a los hijos de Joaquín "Chapo" Guzmán, y a Ismael "Mayo" Zambada.
Con información de Informador.mx
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Reforma pretende eliminar defensa legal
Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.
Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.
Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.
También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.
Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.
Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.
También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan
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