'¿Qué agua nos van a hacer tomar?'

Tecámac, Estado de México (21 mayo 2019).- Si el nuevo aeropuerto de Santa Lucía operará sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca, que está sobreexplotado, y si los acuíferos vecinos también tienen déficit, "¿qué agua nos van a hacer tomar?", pregunta Arturo Hernández Buendía.

La respuesta, dice, no la ofrece el Gobierno federal y tampoco la encuentra en las más de 900 páginas que integran la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del aeropuerto que analiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En los 60 años que tiene viviendo en San Pablo Tecalco -uno de los 12 pueblos originarios de este municipio del Estado de México-, el suministro de agua siempre ha sido un desafío por que hay escasez, señala el activista que forma parte de la organización civil Vecinos en Defensa del Cerro de Chiconautla.

Su pueblo es uno de los ocho que operan sistemas autónomos de suministro de agua bajo un régimen de usos y costumbres. Los habitantes se organizan para pagar una bomba que les permita extraer el líquido de un pozo a 433 metros de profundidad, pero el consumo es por tandeo.

"La bomba que se requiere es de 85 o 100 caballos de fuerza y el agua llega cada tercer día. Esto ha costado el esfuerzo de nuestras comunidades. Si hay un déficit, se acuerda en asamblea una cooperación, es un pago máximo de 120 pesos mensuales, pero ha habido presión sobre nuestros sistemas autónomos para que se municipalicen, ya sea vía Comisión Federal de Electricidad o por el Organismo de Aguas Municipal", explica.

La defensa de los sistemas autónomos de suministro de agua, asegura, ha sido clave para garantizar el acceso al líquido a la población, pero también para el desarrollo de actividades agrícolas, como se advierte en un recorrido por el pueblo Los Reyes Acozac.

Conforme el activista se introduce en los campos agrícolas, es posible constatar la presencia de campesinos preparando la tierra para el cultivo temporal de maíz, mientras a un costado corre el agua que brota de uno de los pozos que operan bajo manejo comunitario.

La escena contrasta con el relleno sanitario, del cual se desprenden olores fétidos que se perciben a menos de un kilómetro, justo donde se ubica el pozo de agua que abastece a los sistemas de riego.

"Conocemos nuestro entorno, sabemos que las aguas son escasas. Hemos insistido en hacer estudios para conocer la calidad del agua, en algunos se ha confirmado presencia de metales pesados y bacterias fecales. Con la llegada del nuevo aeropuerto pensamos que los sistemas de riego también pueden ser abatidos", dice Hernández.

Ya en el pueblo de Santa María Ajoloapan, el activista se detiene en una vivienda donde un habitante intenta abrir la llave y confirma que no sale agua.

Mientras que en el pueblo de San Lucas Xolox, los habitantes optan por almacenar reservas de agua en tinas y cubetas.

"La mayor preocupación es la escasez de agua a la que se nos va a someter. El Gobierno federal tiene los recursos para hacer el aeropuerto, pero tendrá que pasar por la resistencia de nuestros pueblos", afirma el activista.

"Los pueblos estamos en nuestro soberano derecho a oponernos mientras no se nos consulte en cuanto a la problemática que se nos va a generar".

El activista y otros ejidatarios preparan un foro en el que discutirán las acciones legales que emprenderán en defensa del recurso hídrico y con el objetivo de establecer mecanismos para que el Gobierno federal les garantice el abasto al agua, una vez que opere el nuevo aeropuerto.

Exigen cumplir derecho a la consulta

Por el impacto que tendrá el nuevo aeropuerto de Santa Lucía en su territorio, representantes de los 12 pueblos originarios de Tecámac exigen al Gobierno federal que les garantice el derecho a la consulta libre, previa e informada.

"A partir de nuestro reconocimiento como pueblos originarios no pedimos, exigimos, que se nos consulte. Si quieren ver indígenas con taparrabo y huaraches, no somos eso, pero tenemos un vínculo con nuestro entorno, tenemos ceremonias ancestrales para pedir a las deidades por la lluvia. Nuestra máxima autoridad sigue siendo la asamblea", afirma Beatriz Rivero, en representación del pueblo de Los Reyes Acozac.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apunta, garantiza el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados cuando un megaproyecto como el nuevo aeropuerto pretende desarrollarse en su territorio.

"Queremos que nos consulten durante un mes. Nos aventaron un aeropuerto con base en una consulta que no tiene ningún fundamento jurídico y que fue convocada por el Presidente (Andrés Manuel López Obrador) en todo el país cuando los afectados somos nosotros", dice Miguel Meléndez García, también representante del pueblo Los Reyes.

"Le pedimos al Presidente que no mienta y que no traicione al pueblo".

Arturo Hernández Buendía, representante de San Pablo Tecalco, explica que una de las principales preocupaciones de los pueblos originarios es que no se reconoce su presencia en la Manifestación de Impacto Ambiental y, entonces, la autoridad no les garantiza el derecho a ser consultados.

Evlyn Cervantes | Reforma