“Muy peligroso” que secretario de Marina vea como enemigo al Poder Judicial: Human Rights Watch

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) calificó como “muy peligroso” que el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, considere como “enemigo” al Poder Judicial.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, destacó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

“El comandante de la Marina de México dice, en una rueda de prensa junto con el Pdte. López Obrador, que sus ‘enemigos’ están en el poder judicial. Todo un símbolo de la militarización de México y la degradación del Estado de derecho en la presidencia de AMLO. Muy peligroso”, escribió.

Vivanco calificó de “indignantes” las declaraciones del almirante Ojeda, quien, durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada el viernes 21 de mayo, se quejó de la actuación de los jueces en la captura de capos del narcotráfico y de decomisos de droga.

“Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera, parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la detención”, aseveró Ojeda Durán, en respuesta a un representante de los medios de comunicación sobre un aseguramiento de metanfetaminas en Guaymas, Sonora, que tenía por destino Barcelona, España.

“Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada porque, si no, las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo porque, si no, se nos van”, aseveró el titular de la Marina.

Luego de sus polémicas declaraciones, una de las primeras reacciones fue la del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien aseguró que en una democracia, es indispensable la autonomía del Poder Judicial.

A través de sus redes sociales, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que la función de los juzgadores es garantizar y defender la Constitución mexicana y su autonomía era pilar fundamental de una nación democrática.

“La función de las y los jueces federales es defender los DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”, escribió en Twitter.

Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación enfatizó que los juzgadores únicamente obedecen a la Constitución.

“Las y los juzgadores federales no son ni enemigos ni amigos de nadie, sino que obedecen únicamente a la Constitución y actúan en defensa de los Derechos Humanos de las personas”, indicó la organización.

Analistas y políticos de oposición se sumaron a la condena de las declaraciones del almirante Ojeda Durán. Algunos criticaron que el jefe del Ejecutivo -quien se encontraba al lado del secretario- no corrigiera o evitara malinterpretaciones.

Previamente, en la misma conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el pasado jueves se reunió con dos de los tres ministros de la Corte que él propuso (Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien el pasado 14 de mayo desechó atraer la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca).

De acuerdo con López Obrador, la reunión fue porque llevaba dos años sin platicar con los ministros. Justificó que el diálogo era importante porque si bien, están dos poderes independientes, conforman el mismo Estado y debían trabajar en colaboración.

Con información de Infobae

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Reforma pretende eliminar defensa legal

Llama la atención la iniciativa para eliminar vías de impugnación de reformas constitucionales, que se ha dicho, es para blindarlas de amparos o limitar estas acciones, una propuesta impulsada por el senador morenista Adán Augusto López, que pretende prohibir que las normas de Derechos Humanos no puedan ser inaplicadas por control de convencionalidad.

Se trata de prohibir expresamente la procedencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, para impugnar reformas constitucionales, así como los actos del proceso legislativo respectivo.

Llama la atención, porque la reforma pretende que las normas constitucionales no sean inaplicadas por los jueces vía control de convencionalidad, esto sería que, cuando encuentran una norma constitucional que viola derechos humanos consignados en tratados internacionales, la apliquen aún si es violatoria.

También, pretende prohibir que vía juicio de amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, se puedan impugnar reformas constitucionales, así como los vicios en el proceso legislativo.

Según se establece que estas reformas deben ser interpretadas mediante el método de literalidad, para que los jueces no utilicen la interpretación conforme o algún otro, que pudiera derivar en la ineficacia de la Reforma.

Lo anterior, según dicen, se trata de un retroceso enorme en materia de Derechos Humanos, que está en contra de los tratados que México ha firmado. Además, la intención es que llegue a existir una autoridad sin límites, propia de un régimen autoritario o dictatorial.

También señalan que la misma propuesta de reforma reconoce implícitamente que las reformas constitucionales sí pueden ser impugnadas y se viola con esta imposición, el derecho humano de acceso a la justicia, pues se quiere que no se tenga defensa legal, según señalan

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