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Elecciones en San Luis Potosí, bajo la mira del narco

San Luis Potosí (al centro norte de México) es sin duda uno de los estados que más preocupa cuando se habla de intromisión del narco en los próximos comicios federales. Además de los análisis e información con la que cuentan medios locales sobre los vínculos entre la clase política y los cárteles de la droga, la Fiscalía General de la República (FGR) apila en sus carpetas de investigación el caso específico del candidato a la gubernatura, José Ricardo Gallardo Cardona, alias el Pollo.

Este hombre, abanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha sido motivo de discusión al interior del gabinete de seguridad de Andrés Manuel López Obrador por su relación con los grupos criminales de Los Zetas y el Cártel del Noreste. Tanto Gallardo como su padre Ricardo Gallardo Juárez, fueron señalados de graves casos de corrupción. En 2014 incluso, el ahora aspirante a gobernador fue detenido por delincuencia organizada y se le acusó de desviar casi 210 millones de pesos que serían destinados a medicinas para funcionarios municipales.

Gallardo Cardona estuvo en prisión 11 meses, pero fue liberado como resultado de una negociación política con el ex presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018), según afirma el analista en seguridad, Eduardo Gutiérrez.

Has hace unas semanas, la gravedad de los señalamientos no parecía afectar a los mandos de seguridad, pues el Pollo se ubicaba en un lejano tercer lugar. Sin embargo, en encuestas recientes, el candidato del PVEM aparece como puntero.

Los movimientos e irregularidades financieras en la campaña de Gallardo Cardona son sólo la punta del iceberg. Este político, que a tapizado a San Luis Potosí con su propaganda, trae un entorno de personajes de Tamaulipas, no sólo polémicos, sino que han sido relacionados con los cárteles de aquella región.

El primero, César García Coronado, quien fue delegado de la STC en San Luis Potosí en el sexenio anterior. El Rey del Mocho, como es conocido, fue señalado por temas de corrupción y enriquecimiento ilícito. Roberto Boby Hernández, es otro señalado de los que trabaja con el candidato verde.

Narco en San Luis Potosí

Mapa del narcotráfico en San Luis Potosí. Información Semar (Mapa: Infobae México/Jovany Pérez Silva)

La ubicación geográfica y conectividad de San Luis Potosí (al norte del país) han convertido al estado en una ruta asediada por el narcotráfico, ya que es el recorrido obligado de otras entidades como Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

En la última década, la región ha padecido el asentamiento de al menos seis organizaciones criminales, aunque hace apenas un año se prendieron las alertas en la entidad por la disputa que mantienen principalmente el Cártel del Golfo y Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con las autoridades, los primeros grupos delictivos que se asentaron con gran poderío en San Luis Potosí fueron el Cártel del Golfo y Los Zetas; sin embargo, por las divisiones internas de ésta última organización criminal, el Cártel del Golfo se quedó con mayor presencia en el estado.

Actualmente, dicho cártel del narcotráfico tiene presencia en 19 municipios, en el Altiplano y en algunas regiones de la Zona Huasteca, como Valles, Tamuín y Ébano.

El Cártel del Golfo, que durante años ha controlado la frontera chica en México, también ha quedó debilitado tras la ruptura de su brazo armado, Los Zetas (2010), pero eso no le ha impedido estallar la violencia en la entidad.

Los Zetas, según el mapa del narcotráfico en el estado, conservaron sólo 11 de los 58 municipios de la entidad, entre los que destacan Ciudad del Maíz, El Naranjo y otros sitios de la Huasteca sur.

En San Luis Potosí las disputas entre el Cártel del Golfo y Los Zetas se intensificaron tras la ruptura de ambos grupos criminales en 2010, esto provocó nuevas incursiones, divisiones y hasta alianzas estratégicas.

El área de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación —relativamente joven en la entidad— se ubica en las colindancias con Guanajuato. Las autoridades refieren siete municipios al mando de la organización más poderosa de México: Rioverde, Salinas, Villa de Reyes, Tierra Nueva, Santa María del Río y en la capital del estado.

El también llamado grupo criminal de las cuatro letras mantiene en la entidad una guerra encarnizada con el Cártel del Noreste —una organización mexicana producto de una escisión de Los Zetas—, ya que ambos tienen interés en dominar la capital de San Luis Potosí. La plaza del Cártel del Noreste en el estado está dirigida por Eduardo Cuitláhuac Flores Morales.

Con información de Infobae

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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