-Falso que sea víctima de persecución política o de violencia de género
Son cinco los delitos que enfrenta la candidata del PAN-PRD a gobernadora, María Eugenia Campos Galván, de acuerdo con el especialista en Derecho, Óscar David Castrejón Rivas, quien a continuación describe esos delitos, todos relacionados con actos de corrupción en su desempeño como servidora pública.
En las audiencias que se han realizado hasta el momento, un juez de control consideró que se cuenta con los elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de María Eugenia Campos en la comisión de diversos delitos que giran alrededor de actos de corrupción cometidos durante su desempeño como diputada local por el Partido Acción Nacional.
1- En primer lugar, se le acusa de haber recibido alrededor de 8 millones de pesos del ex gobernador César Duarte Jáquez a través del mecanismo conocido como la Nómina Secreta, acreditados con 34 recibos firmados por ella, a los cuales el juez de control les dio valor probatorio.
2- En segundo sitio, se le acusó de haber recibido en su cuenta bancaria personal un depósito de veinte mil pesos por parte del Gobierno del Estado cuando ella era diputada y jamás acreditó para qué era ese dinero.
3- La tercera acusación es por un contrato de prestación de servicios jurídicos profesionales que tenía que dar el despacho de abogados Campos Galván y Asociados al gobierno de César Duarte. Esos servicios jamás se dieron, pero el despacho de Campos Galván sí cobró aproximadamente un millón doscientos mil pesos. En las audiencias del caso quedó probado que durante casi dos años cobraron cuarenta mil pesos por mes, sumando dicho monto.
4- De la acusación previa se deriva una cuarta, en la que se le acusa de fraude procesal, delito tipificado en el Artículo 306 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, en virtud de que se comprobó que inventó pruebas para justificar que el despacho de abogado Campos Galván y Asociados sí había otorgado los servicios jurídicos al gobierno de César Duarte, lo cual resultó una falsedad. Esta acusación se encuentra en trámite.
5- El quinto caso es el que se abordará mañana 16 de abril en la audiencia programada para que un juez le formule cargos también sobre hechos de corrupción, ya que como presidenta municipal o alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, presuntamente solicitó recursos económicos a entes privados para favorecerlos con la otorgación de contratos de servicios y obras. Los detalles se darán a conocer en esa audiencia.
Castrejón Rivas considera que los ciudadanos chihuahuenses deben estar enterados de que no se trata de acusaciones sin sustento, sino que de acuerdo con las autoridades judiciales hay elementos de prueba suficientes para demostrar que es falso que exista una persecución política en contra de Maru Campos, sino que acreditan que se le persigue por corrupta, porque robó dineros públicos, recursos del pueblo siendo diputada y, eso, además, trajo como consecuencia que al coaligarse con el exgobernador César Duarte se endeudara de manera desorbitante al Estado.
El 1o. de abril se vinculó a Campos Galván a proceso y, debido a que se le vinculó por el delito de cohecho pasivo, que comete quien recibe dinero en un acto de corrupción, puede alcanzar una pena de hasta 9 años de cárcel.
También resalta que son tres las medidas cautelares que pesan sobre Maru Campos, quien aparentemente goza de libertad, pero no es así, ya que esas medidas restringen su libertad, pues no puede salir del país porque el juez de control le recogió su pasaporte, y esa restricción es por el tiempo que dure el juicio; debió pagar 500 mil pesos para gozar de esa libertad restringida, y está impedida para acercarse a los testigos y/o víctimas de los hechos por los que se le ha vinculado a proceso, ya que durante las audiencias del caso se demostró que se acercó a testigos que declararon en su contra.
Castrejón Rivas deja en claro que, de hecho, Campos Galván debería estar impedida para tener contacto con los ciudadanos chihuahuenses porque en la comisión de los delitos de que se le acusa las víctimas son todos los que habitan el estado de Chihuahua.
Comunicado