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El “Cholo” Iván, operador del “Chapo” Guzmán, a un paso de ser extraditado a EU

Las ofensivas de Orson Iván Gastélum, alias el “Cholo” Iván, para evitar la extradición a Estados Unidos fueron insuficientes.

El hombre, quien fuera operador del Cártel de Sinaloa, se encuentra con un pie dentro del país vecino del norte de México, luego de que un juez federal dictaminara procedente el envío del supuesto narco. Sólo falta que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) determine si concede o no la entrega de Gastélum.

El pasado 28 de octubre, el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, emitió la resolución. Siete días después, el 4 de noviembre, la SRE fue notificada de aquella opinión jurídica.

Aunque la orden de detención con fines de extradición del “Cholo” Iván fue liberada el pasado mes de marzo, la Secretaría de Relaciones Exteriores cometió errores al promover recursos legales.

Luego de que a principios de este año el gobierno mexicano extraditara a ocho narcotraficantes de distintos cárteles a Estados Unidos, el operador del “Chapo” promovió un amparo, buscando la protección de la justicia federal. Desde entonces, el delincuente ha promovido dos demandas: una contra la orden de detención provisional y otra contra el decreto de formal detención con motivo de la extradición.

“El Cholo Vago”, como también es conocido, inicialmente se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número, el Altiplano, en el Edomex, pero fue trasladado al penal federal ubicado en San Bartolo Coyotepec, en Oaxaca.

En el país, el brazo derecho del Chapo Guzmán enfrenta tres procesos penales, entre ellos el homicidio y lesiones de soldados mexicanos, en 2013, delitos por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Al igual que su jefe, se había escapado de una prisión. En agosto de 2009, Gastelum salió de un centro de readaptación social en Culiacán, capital de Sinaloa, mientras el resto de sus compañeros en el penal celebraban una fiesta con música norteña. Estaba preso desde 2005 por delitos contra la salud y delincuencia organizada. Desde su fuga, las autoridades emprendieron una búsqueda sin lograr detenerlo.

En 2012, elementos del Ejército estuvieron cerca de aprehenderlo, pero en el enfrentamiento mataron a su novia, una reina de belleza de Sinaloa. De acuerdo con las autoridades, durante la refriega, la joven, de 22 años, bajó de un auto y disparó. “El Cholo Iván” nuevamente logró huir.

El sicario del Chapo Guzmán mantenía una disputa en la zona norte de Sinaloa contra una célula criminal encabezada por Isidro Meza Flores, alias “El Chapito” Isidro, un narcotraficante de los Beltrán Leyva. Algunos de los municipios y que cobraron muertos en ambos bandos eran Ahome, Guasave, El Fuerte y Choix.

Con información de Infobae

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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro

La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y  expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.

Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones. 

Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.

Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.

La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.

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