FGE atendió 3 mil 500 llamadas de Denuncia Anónima durante 2019
Chihuahua.- De enero a julio del 2019, el Sistema de Denuncia Anónima 089 de la Fiscalía General del Estado, ha recibido más de 3 mil 500 llamadas derivadas de la participación ciudadana y la cultura de denuncia ante probables hechos ilícitos que se tiene conocimiento se cometen, cometieron o están a punto de suceder.
De acuerdo con las estadísticas y productos de inteligencia generados por el Centro Estatal de Información, Análisis y Estadística Criminal, de 3 mil 506 llamadas, mil 291 corresponden a Chihuahua, mientras que 2 mil 215 denuncias anónimas a la fronteriza Ciudad Juárez.
Entre los principales motivos por los que se atendieron llamadas en ambas sedes se encuentran la confidencia de venta de drogas con mil 496 llamadas; le sigue extorsión con 749 registros; sospecha de delito con 113 respectivamente. Mientras que fraude; omisión de cuidados; perturbación del orden tienen números menores.
Otras situaciones que también se han registrado en dicho sistema que ayuda a la prevención de delitos son la portación de armas, amenazas, maltrato físico, maltrato animal, robo, homicidio, tráfico de indocumentados; fraudes electrónicos; robo de combustible; abuso de autoridad; abuso sexual y asociación delictuosa.
Destaca que este mecanismo de denuncia permite obtener datos importantes en materia de seguridad y procuración de justicia, así como el intercambio oportuno y trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno con el objetivo de mantener estadística, registro criminal encaminado a la prevención y el combate a los ilícitos en la entidad.
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Venezuela aprueba Ley Bolívar para castigar con 30 años de cárcel a quien critique al gobierno de Maduro
La Asamblea Nacional de Venezuela controlada por el oficialismo aprobó este jueves una ley que prevé penas de hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años para las personas que critique al gobierno de Nicolás Maduro y expresen su apoyo a las sanciones internacionales que le han sido impuestas al país sudamericano.
Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, misma que también incluye procesar a personas en ausencia y la confiscación de todas las propiedades de aquellas personas que hayan propiciado, invocado o respaldado, la aplicación de estas sanciones.
Incluye castigos para los medios de comunicación social "Los prestadores de servicio de radio y televisión que difundan publicidad, o propaganda, promoviendo la imposición de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas que afecten a la República Bolivariana de Venezuela, serán sancionados con la revocatoria de la concesión y una multa entre mil y un millón de veces el valor del tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela", reza el texto legal.
Esto en respuesta a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, entre ellas contra 21 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por el presunto "fraude electoral" cometido durante los comicios del 28 de julio y la subsiguiente "represión" de las protestas populares y contra miembros de la oposición.
La decisión implica el bloqueo de las propiedades que los sancionados poseen en EE.UU. y la imposibilidad de que estos lleven a cabo transacciones financieras.
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