México ocupa el sexto lugar en el ámbito mundial en venta de medicamentos ilegales, sólo superado por China, Rusia, Estados Unidos, India y Brasil, lo que afecta a 8 millones de personas, afirmó el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD), y planteó reformar la Ley General de Salud a fin de sancionar conductas irregulares.
La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Salud, reforma el primer párrafo de la fracción IV del artículo 464 Ter para agregar que a quien venda, ofrezca o comercie medicamentos obtenidos ilegalmente se castigará con una pena de uno a nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo.
Añade que si el responsable es personal adscrito al sector Salud, se inhabilitará a efecto de que no pueda ser contratado nuevamente bajo ninguna modalidad.
Destacó que Jalisco, Michoacán, Puebla y Ciudad de México son entidades donde se comercializa un mayor volumen de medicina prohibida; además, entre 50 y 90 por ciento de la ofertada en internet es de origen irregular.
El diputado dijo que la existencia de mercado negro en el que se ofrecen medicamentos, demanda adecuar el marco legal vigente. “El 60 por ciento de éstos es robado, falsificado o ha sido elaborado sin observar los protocolos que debieran seguirse para tal efecto”.
Mencionó que, en ocasiones, personal adscrito, al sistema de salud, sea médico o administrativo, sustraen medicina lo que genera escacez en hospitales y clínicas. “Se trata de una minoría, cuantitativamente hablando. No obstante, las conductas irregulares generan un problema de abastecimiento de fármacos, lo cual puede corroborarse en múltiples casos de pacientes que, al verse impedidos de surtir su receta en la instancia correspondiente, se ven en la necesidad de costear su adquisición en farmacias del sector privado”.
Cifras de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica señalan que tan sólo el ilícito de falsificación y su posterior venta provee a las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos de ganancias anuales.
Las actividades sanitarias en el país, así como de la industria farmacéutica, han localizado en el mercado negro la existencia de medicamentos provenientes del sector Salud. Lo anterior ha generado un reclamo social que demanda castigar a los responsables, sea cual sea la magnitud de los actos irregulares.
Son varios los casos que dan cuenta de la venta de vacunas en establecimientos particulares, como sanatorios y consultorios, que habían sido destinadas inicialmente al sector Salud.
Un ejemplo es la vacuna para contrarrestar el virus del neumococo, cuyo valor por una dosis llegó a cotizarse entre mil 200 y mil 500 pesos, siendo necesaria la aplicación de tres dosis para el tratamiento completo.
Puntualizó que la regulación actual sanciona sólo a quienes trafican con muestras médicas. Sin embargo, ello abre una amplia “laguna jurídica” que deja sin medidas punitivas las acciones de quienes causan un doble daño, medrar para beneficio propio y generar el desabasto de medicamentos en el sector salud.
Aguilera Rojas afirmó que su propuesta busca castigar conductas transgresoras de la ley que producen quebranto patrimonial en el sector salud y afecta económicamente a derechohabientes.